La discusión sobre la reforma tributaria en Bolivia ha cobrado renovada relevancia tras la reciente eliminación de cuatro impuestos nacionales por parte del Gobierno. Aunque esta medida busca aliviar la carga fiscal, su impacto en la recaudación es mínimo, representando menos del 1% del total, lo que ha generado críticas desde diversos sectores económicos que demandan cambios más profundos y estructurales en el sistema impositivo.
El Ejecutivo decidió suprimir los tributos correspondientes al Impuesto a las Grandes Fortunas, al Impuesto a la Transacción Financiera, al Impuesto al Juego y al Impuesto a las Promociones Empresariales. Según las autoridades, esta eliminación pretende fomentar la inversión extranjera y recuperar capitales que se han dirigido a países vecinos, con la intención de dinamizar la economía nacional. Sin embargo, expertos y representantes empresariales consideran que estas modificaciones no ofrecen un alivio significativo para la mayoría de los contribuyentes ni para la actividad productiva en general.
Actualmente, Bolivia cuenta con un sistema tributario compuesto por doce impuestos nacionales, entre los que destacan el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE). Estos tres gravámenes son señalados como los principales generadores de presión fiscal y dificultades para los sectores productivos, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que enfrentan restricciones en la aceptación de facturas para deducciones, lo que limita sus posibilidades de reducir la carga tributaria.
El sector vitivinícola, por ejemplo, denuncia la complejidad y el aumento constante de la alícuota del Impuesto al Consumo Específico (ICE), que está indexada a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), afectando su competitividad. Además, la doble tributación sobre productos como singanis y vinos espumantes incrementa los costos, mientras que la imposición de aranceles a insumos y maquinaria importada dificulta la modernización del sector.
La industria de la construcción también se ve afectada por la combinación del IVA y el IT, que pueden representar hasta un 16% de las utilidades mensuales, además de un 3% anual correspondiente al IUE. Las empresas reclaman una escala tributaria diferenciada que considere el tamaño de los proyectos, argumentando que las cargas actuales son desproporcionadas para obras de menor envergadura.
Por otra parte, los pequeños emprendimientos enfrentan una presión fiscal que limita su desarrollo. Con tasas impositivas fijas y multas elevadas por retrasos en pagos, muchas micro y pequeñas empresas operan con márgenes mínimos y sin margen de error, lo que incrementa el riesgo de caer en la informalidad para evitar sanciones y costos insostenibles.
Especialistas en economía sugieren que para lograr un alivio real en la población es necesario implementar políticas tributarias más equitativas y redistributivas. Entre las propuestas se incluyen la reducción del IVA en alimentos básicos para disminuir el costo de vida, la estabilidad en tarifas de servicios esenciales como energía y transporte, y la creación de incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, así como para la formalización laboral.
Asimismo, se recomienda mejorar la fiscalización para combatir la evasión y ampliar el gravamen a nuevas áreas como la economía digital, garantizando que quienes obtienen mayores ingresos contribuyan de manera justa. La rigidez actual del sistema, que limita la aceptación de gastos operativos para deducciones, también requiere ser revisada para evitar que las empresas recurran a prácticas informales o ilegales para cumplir con sus obligaciones tributarias.
En conclusión, aunque la eliminación de ciertos impuestos representa un gesto político hacia la reducción de la carga fiscal, expertos y actores económicos coinciden en que es insuficiente para transformar un sistema que sigue siendo complejo y asfixiante para la mayoría de los contribuyentes. La demanda principal es por una reforma integral que permita un sistema tributario más justo, eficiente y acorde con las necesidades del país y sus sectores productivos
