Agustín Zambrana, quien ocupa la primera vicepresidencia del Comité pro Santa Cruz, sostuvo encuentros este lunes con Andrés Paye, ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), y Lucio Gómez, dirigente de los Choferes de Bolivia. El propósito central de estos diálogos fue presentar una propuesta legislativa, conocida como ley corta de combustible, diseñada para ofrecer una vía de solución a la persistente problemática de la escasez de carburantes a nivel nacional.
Al referirse a su conversación con los representantes del sector de transporte, Zambrana la describió como sumamente productiva y transparente, orientada a un mutuo entendimiento. Indicó que los transportistas, al desconocer los pormenores de la iniciativa, fueron informados de su carácter facultativo y no imperativo, a lo cual manifestaron su conformidad. No obstante, expresaron la necesidad de que el gobierno defina su postura y acciones respecto al transporte público en sus diversas modalidades: urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional, tanto de carga como de pasajeros. El dirigente cívico enfatizó que el gremio de choferes respalda la continuidad del trámite legislativo para el proyecto. Subrayó el ambiente constructivo del encuentro, mencionando incluso un gesto de cordialidad entre el líder del sector y él mismo. En una evaluación general, Zambrana consideró ambos encuentros como favorables, interpretándolos como una señal alentadora para el país al presentar alternativas concretas.
Una perspectiva contrastante fue ofrecida por Andrés Paye, quien en una declaración pública afirmó desconocer a Zambrana y sus verdaderas intenciones. El representante minero advirtió contra el uso indebido de las organizaciones sociales, enfatizando el carácter orgánico de la Federación de Mineros. Señaló que, si bien una solicitud formal de reunión sería evaluada, la actitud mostrada por Zambrana impedía cualquier diálogo, aludiendo a presuntas malas intenciones y un intento de proyectar una imagen distorsionada de la Federación.
Respecto a la propuesta sobre la subvención y la ley, Paye insistió en la necesidad de un análisis exhaustivo, una implementación gradual y un enfoque realista. Cuestionó la eficacia de autorizaciones por parte de la ANH para controlar el contrabando de combustible, recordando que ni siquiera la administración actual ha logrado erradicar este problema, evidenciado por el elevado costo de la gasolina en las carreteras, que alcanza los 30 bolivianos por litro. El dirigente minero advirtió que la aprobación de dicha normativa provocaría un aumento abrupto y generalizado en los precios de los productos de la canasta familiar, describiendo la situación como dramática y previendo un escenario de caos. Aclaró que la objeción no radica en el concepto per se, sino en la falta de una socialización adecuada y en la percepción de un posible interés político subyacente. En su planteamiento, el líder de los trabajadores mineros propuso que cualquier modificación en esta materia debe ser implementada de forma progresiva, considerando la ya agravada situación económica y social del país
