La Casa de la Cultura de Tarija se encuentra sumida en una profunda crisis administrativa y financiera, que ha escalado hasta convertirse en un litigio judicial. Cuatro de sus empleados han iniciado acciones legales contra la Gobernación de Tarija, alegando la falta de pago de sus salarios desde hace más de siete meses, específicamente desde el pasado mes de febrero. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación en una de las instituciones culturales más emblemáticas de la región.
El conflicto se originó cuando los trabajadores, ante la persistente ausencia de sus remuneraciones, acudieron a la autoridad laboral competente. Tras una exhaustiva evaluación, el Ministerio de Trabajo emitió una resolución que instruía a la Gobernación a efectuar los pagos adeudados de manera inmediata. Sin embargo, la entidad departamental optó por interponer un recurso de revisión, un procedimiento que, en la práctica, dilata la resolución del caso por un período adicional de hasta cuarenta y cinco días.
Ante el agotamiento de las instancias administrativas y la ausencia de una solución concreta, los cuatro funcionarios afectados se vieron obligados a recurrir a la vía judicial. El director de la institución ha señalado que este paso era inevitable, dado que no quedaban más alternativas administrativas para salvaguardar los derechos laborales de estas personas. La expectativa es que el sistema judicial intervenga para garantizar las obligaciones pendientes.
Es relevante destacar que el director de la Casa de la Cultura no forma parte del grupo de empleados afectados. Su vínculo laboral y su remuneración provienen de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, entidad que, según se ha precisado, ha cumplido puntualmente con sus compromisos. La universidad es responsable de cinco ítems dentro de la institución cultural y ha mantenido su seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, desde la dirección se ha manifestado una profunda inquietud por la situación del personal dependiente de la Gobernación, quienes no pueden continuar su labor sin percibir un sueldo durante un periodo tan prolongado.
La complejidad de la situación financiera de la Casa de la Cultura se ve exacerbada por su peculiar estructura tripartita. A diferencia de otras entidades culturales, esta institución opera bajo la égida conjunta de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, la Gobernación de Tarija y la Alcaldía de la ciudad. Aunque concebida para brindar un respaldo integral, esta modalidad de administración compartida ha derivado en ambigüedades y en el incumplimiento de responsabilidades.
En este esquema, la Alcaldía tarijeña ha dejado de aportar y cumplir con sus compromisos desde hace tres años, argumentando que el convenio interinstitucional que respaldaba su participación ha caducado. Por su parte, la Gobernación, que debía garantizar los ítems del personal ahora demandante, se ha convertido en el principal foco del conflicto actual. La negativa a acatar la instrucción del Ministerio de Trabajo y la subsiguiente interposición de un recurso de revisión han sido interpretadas por los trabajadores como una maniobra dilatoria que vulnera directamente sus derechos fundamentales.
La magnitud de la problemática trasciende lo administrativo, convirtiéndose en un asunto humano y social de apremiante resolución, dado que los trabajadores y sus familias enfrentan una situación insostenible. Esta crisis, además, pone de manifiesto la fragilidad con la que se gestiona el ámbito cultural en Tarija. La falta de claridad en los acuerdos interinstitucionales y el incumplimiento de las responsabilidades no solo comprometen la estabilidad laboral, sino que también amenazan la continuidad de los programas culturales y artísticos que la Casa de la Cultura ofrece a la comunidad.
Los funcionarios afectados han reafirmado su determinación de proseguir con el proceso legal hasta lograr el reconocimiento de sus derechos. Expertos en derecho laboral sugieren que la resolución del caso podría extenderse por semanas o incluso meses, dependiendo de la carga procesal de los juzgados, aunque la jurisprudencia tiende a favorecer a los trabajadores en situaciones de incumplimiento de pago debidamente documentadas.
En este escenario, la Casa de la Cultura se halla en una encrucijada. Mientras mantiene su programación cultural gracias al soporte universitario, simultáneamente lidia con un grave conflicto con la Gobernación, que no solo desgasta al personal, sino que también deteriora la imagen de la institución ante la ciudadanía. La interrogante sobre cómo una entidad cultural dependiente de tres actores puede asegurar su funcionamiento cuando uno incumple y otro se desentiende, permanece sin una respuesta clara, señalando la urgente necesidad de voluntad política y administrativa por parte de las autoridades competentes
