La Casa de la Cultura de Tarija se encuentra sumida en una profunda crisis administrativa y financiera, que ha escalado hasta los tribunales. Cuatro de sus empleados han iniciado acciones legales contra la Gobernación de Tarija, denunciando la falta de pago de sus salarios por un periodo que supera los siete meses. Esta situación, que se arrastra desde el mes de febrero, ha llevado a los afectados a buscar amparo judicial tras agotar las vías administrativas.
El conflicto se originó cuando los trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo, el cual, tras evaluar la situación, emitió una instrucción clara para que la Gobernación procediera al pago inmediato de las remuneraciones pendientes. Sin embargo, la entidad departamental interpuso un recurso de revisión, un procedimiento que ha extendido los plazos de resolución por hasta 45 días adicionales, prolongando la incertidumbre para los afectados.
Ante la falta de una solución concreta y el agotamiento de los recursos administrativos, los cuatro funcionarios decidieron llevar el caso a la justicia. La dirección del centro cultural ha manifestado que este paso, aunque complejo, se ha vuelto indispensable para garantizar los derechos laborales de estas personas, al no quedar ya otras instancias de mediación.
En este contexto, el director de la Casa de la Cultura ha aclarado que su propia situación laboral es distinta, ya que su salario y dependencia administrativa provienen de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Se ha enfatizado que la universidad ha cumplido puntualmente con sus responsabilidades, cubriendo cinco ítems dentro de la institución cultural. A pesar de no estar directamente afectado, el director ha expresado su profunda preocupación por la situación de los empleados dependientes de la Gobernación, quienes no pueden continuar trabajando sin percibir sus sueldos durante un periodo tan prolongado.
La complejidad de la gestión de la Casa de la Cultura se agrava debido a su estructura tripartita. Esta entidad cultural depende simultáneamente de la UAJMS, la Gobernación de Tarija y la Alcaldía de la ciudad. Lo que en teoría debería ser un modelo de respaldo integral, ha derivado en una confusa distribución de responsabilidades y, en la práctica, en incumplimientos significativos.
La Alcaldía tarijeña, por ejemplo, ha cesado sus aportes y responsabilidades desde hace tres años, argumentando que el convenio interinstitucional que respaldaba su participación ha perdido vigencia. Por otro lado, la Gobernación, responsable de los ítems del personal ahora demandante, es la principal señalada en el conflicto actual. Su negativa a acatar la instrucción del Ministerio de Trabajo y la interposición del recurso de revisión han sido interpretadas por los funcionarios como una estrategia dilatoria que vulnera sus prerrogativas laborales.
La situación no solo representa un problema administrativo, sino también un grave asunto humano y social, afectando directamente la subsistencia de los trabajadores y sus familias. Esta crisis, además, pone de manifiesto la precariedad con la que se maneja la gestión cultural en la región. La falta de claridad en los acuerdos interinstitucionales y el incumplimiento de las obligaciones no solo amenazan la estabilidad laboral, sino también la continuidad de los programas artísticos y culturales que la Casa de la Cultura ofrece a la comunidad.
Los funcionarios afectados han ratificado su determinación de proseguir con el proceso legal hasta que sus derechos sean plenamente reconocidos. Expertos en derecho laboral anticipan que la resolución del caso podría extenderse por varias semanas o incluso meses, aunque la jurisprudencia tiende a favorecer a los trabajadores en situaciones de comprobado incumplimiento salarial.
En esta encrucijada, la Casa de la Cultura mantiene su programación gracias al apoyo universitario, mientras lidia con un conflicto que no solo desgasta a su personal, sino que también empaña su imagen ante la ciudadanía. La interrogante sobre cómo una institución cultural que depende de tres entidades puede asegurar su funcionamiento cuando una incumple y otra se desentiende, permanece sin una respuesta clara, señalando la necesidad imperante de voluntad política y administrativa para una solución duradera
