La posibilidad de que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) retorne a territorio boliviano ha desatado una ola de tensiones políticas, evidenciando la profunda división entre figuras prominentes del panorama nacional. El expresidente Evo Morales y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, han intercambiado fuertes declaraciones, subrayando la persistente confrontación entre el líder del movimiento cocalero y la autoridad departamental.
Desde un encuentro de productores de coca en Villa Tunari, Morales manifestó su disconformidad con las recientes declaraciones de Rodrigo Paz, quien había expresado su apertura a una eventual colaboración con agencias internacionales en la lucha contra el narcotráfico. El exmandatario cuestionó esta postura, recordando episodios de las décadas pasadas en los que la DEA persiguió a figuras políticas y sus familias, incluyendo a líderes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), partido al que se vinculaba al expresidente Jaime Paz Zamora.
Morales argumentó que la presencia de la agencia estadounidense en el pasado no resultó en una disminución efectiva de los cultivos de coca en Bolivia. Por el contrario, sostuvo que fue la nacionalización de la estrategia antidrogas, implementada durante su administración, la que logró una reducción significativa de estas cifras sin injerencia externa. Según sus datos, entre 1990 y 1993, el país registraba aproximadamente 48.600 hectáreas de coca, mientras que bajo su gestión, esta cifra se habría reducido a cerca de 20.000.
El cónclave de productores del Trópico culminó con una resolución contundente que rechaza categóricamente el regreso de la DEA, anunciando que no se permitirá su establecimiento en la región. Los miembros de la Federación Yungas del Chapare fundamentaron su posición en el artículo 10 de la Constitución, que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras, y denunciaron que la anterior presencia de la agencia no constituyó una verdadera lucha contra el narcotráfico, sino que estuvo marcada por abusos y la muerte de productores cocaleros.
En contraste, desde Santa Cruz, Luis Fernando Camacho emitió una enérgica respuesta, calificando a Morales de cobarde y acusándolo de instrumentalizar la política para proteger intereses personales y vicios. El gobernador afirmó que el expresidente busca generar resistencia y convulsión ante la perspectiva de que Bolivia reanude la cooperación con agencias internacionales. Camacho enfatizó la necesidad de que un nuevo ciclo político pacifique el país e impulse un plan integral contra la ilegalidad y los crímenes asociados al narcotráfico.
El gobernador cruceño amplió su crítica, señalando que el verdadero debate no gira en torno a la presencia de la DEA, sino a la imperiosa necesidad de un viraje hacia la libertad, la democracia y el desarrollo que Bolivia requiere. En este contexto, situó a Evo Morales como un individuo que se ampara en la política para eludir responsabilidades judiciales por presuntas agresiones a menores, corrupción y la supuesta protección que su gobierno habría brindado a actividades perjudiciales como el narcotráfico.
Este intercambio de acusaciones entre Morales y Camacho se produce en un momento de reconfiguración política en Bolivia, tras la elección de Rodrigo Paz. El discurso de este último sobre la cooperación internacional en materia antidroga ha generado tanto resistencia en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) como apoyo en sectores de la oposición
