La reciente aprobación del proyecto de ley de emergencia económica en la Asamblea Departamental de Tarija ha generado un notable debate. Este proyecto, enviado por la gobernación, busca mitigar la reducción de ingresos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras del gobierno regional.
La asambleísta Flavia Aparicio, del Movimiento al Socialismo (MAS), confirmó la noticia, expresando su descontento por el hecho de que la aprobación se realizó en una sesión que consideró inadecuada. A pesar de su oposición, otros asambleístas como Álvaro Ojeda y José Yucra Paredes apoyaron la medida. Aparicio subrayó que, aunque la situación económica en Tarija es crítica, es fundamental que la gobernación dialogue con los beneficiarios de los programas sociales para alcanzar un acuerdo que involucre a todos los sectores interesados.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Diego Gutiérrez, se abstuvo de votar, respaldando la idea de que se debe reducir el aparato estatal tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Además, la Comisión decidió devolver el proyecto de ley de nueva escala salarial para su revisión, lo que pone de manifiesto una falta de consenso en torno a las medidas que se están tomando ante la crisis.
Aparicio también mencionó que, aunque la directiva de la Asamblea había convocado a una sesión plenaria para discutir estos temas, esta fue suspendida sin una nueva fecha, lo que dejó a muchos legisladores sin la oportunidad de participar, ya que la sesión iba a ser tanto virtual como presencial.
El asambleísta Francisco Rosas Urzagaste, del grupo Todos, reveló que en la agenda de la sesión suspendida no se incluía inicialmente la ley de emergencia financiera, aunque se esperaba que se introdujera en el debate. Rosas expresó su preocupación por la posibilidad de que el gobernador Oscar Montes y el presidente de la Asamblea intenten aprobar este proyecto de manera irregular.
Asimismo, hizo hincapié en que no se puede elevar a rango de ley el decreto que disolvió el Sedeca, argumentando que las promesas del gobernador sobre el cierre del gobierno departamental debido a la falta de recursos son solo parte de una narrativa que no se ha concretado.
Aparicio instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a estos desarrollos, enfatizando que no se opone al proyecto de ley en sí, sino que aboga por un enfoque responsable que no perjudique a los sectores más vulnerables de la población
