Expertos en derecho y exmiembros de las fuerzas del orden han expresado reservas sobre la viabilidad y especificidad de las plataformas electorales presentadas por Jorge Quiroga y Rodrigo Paz, particularmente en lo que respecta a la administración de justicia, la institución policial y la seguridad pública.
La visión de ambos aspirantes presidenciales sobre la autonomía del poder judicial, los mecanismos de evaluación y formación de magistrados, así como su proceso de nombramiento, ha sido descrita como imprecisa. Se ha observado que una propuesta previa de Rodrigo Paz, concerniente a la supresión del Ministerio de Justicia, no fue reiterada. Aunque ambos abordaron la problemática del uso excesivo de la detención preventiva en el sistema penal, omitieron detallar las estrategias concretas para su resolución, ya sea mediante enmiendas legislativas o la promulgación de nuevas normativas.
Se ha sugerido que las presentaciones de ambos postulantes mostraron deficiencias en la planificación, al no abordar cuestiones fundamentales como el estatus de los magistrados que extendieron su mandato en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, la formulación de reformas a la Constitución Política del Estado careció de la especificidad necesaria. No se especificó qué artículos constitucionales requerirían modificación, ni el procedimiento para implementarlas, ya sea a través de la Asamblea Legislativa o una Asamblea Constituyente. De igual forma, si bien se hizo referencia al resguardo de la propiedad privada y el fomento a la inversión empresarial, los métodos para garantizar tales derechos no fueron explicitados.
Estas observaciones surgieron a raíz de un reciente debate presidencial, el primero de su tipo, convocado por el Tribunal Supremo Electoral, donde la justicia, la seguridad pública y la función policial constituyeron ejes centrales de discusión. En el ámbito de la reforma constitucional, la postura de ambos candidatos se caracterizó por su generalidad y una cierta evasión, sin concretar las propuestas más allá de la mera enunciación de cambios.
Analistas políticos han argumentado que, para abordar conceptos como la eliminación de un Estado restrictivo —término empleado por uno de los aspirantes— o la consecución de una autonomía plena —propuesta por el otro—, una simple adecuación de la Carta Magna actual resultaría insuficiente. Se ha planteado la necesidad de una redacción constitucional completamente nueva, dado que el texto vigente, concebido entre 2006 y 2009, se distingue por su carácter estatista, centralizado y socialista. Aspectos cruciales como la supresión de la reelección o la alteración de la Función Económica Social de la propiedad demandarían modificaciones profundas al articulado constitucional. Sin embargo, la convocatoria a una asamblea constituyente implicaría una inversión considerable de recursos y tiempo, condiciones que la nación podría no estar en capacidad de asumir en el presente
