Tras más de un año de un proceso legal impulsado por entidades petroleras estatales y privadas, un grupo de 29 líderes comunitarios, defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, ha solicitado el sobreseimiento de su caso debido a la caducidad de los plazos procesales. De este colectivo, doce personas han sido formalmente imputadas por presuntos delitos de obstrucción a la función pública y vulneración del derecho al trabajo.
La fase de investigación preliminar ha concluido sin que se haya emitido una resolución definitiva, lo que ha generado interrogantes sobre la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, diversas entidades de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación, calificando la situación como un posible abuso de poder y una estrategia de criminalización contra los defensores ambientales.
Los 29 pobladores fueron señalados por las empresas en octubre de 2024. Desde entonces, han sido convocados a múltiples audiencias que, en su mayoría, terminaron suspendidas. Esta dinámica ha impuesto una carga significativa sobre los implicados, muchos de los cuales deben realizar largos desplazamientos nocturnos para asistir a las citaciones judiciales. Además, dentro de sus propias comunidades, los defensores han enfrentado un ambiente de polarización, con reportes de ofrecimiento de incentivos por parte de actores interesados en la explotación de la reserva.
El 24 de abril de 2025, doce de los defensores fueron imputados, mientras que los diecisiete restantes fueron excluidos del proceso. En junio, durante una audiencia de medidas cautelares, un magistrado dictaminó que los doce acusados pudieran ejercer su defensa en libertad plena. Desde entonces, la actividad judicial en el caso ha permanecido estancada. Ante esta inacción y el vencimiento de los términos legales, la defensa presentó, el lunes 27 de octubre de 2025, la solicitud de sobreseimiento.
Este caso ha sido consistentemente señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos como un ejemplo de criminalización de la defensa ambiental por parte del Estado, a través de sus corporaciones y las empresas privadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había abordado la situación de los procesados en una audiencia celebrada en marzo, donde sus comisionados cuestionaron la idoneidad del sistema penal para dirimir conflictos relacionados con la protección ambiental.
Más recientemente, en su tercer informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas, publicado el 16 de octubre, la CIDH manifestó una profunda inquietud por la criminalización de defensores en Bolivia, haciendo una referencia específica al caso de Tariquia. Este documento, que refleja observaciones previas de la Comisión, subraya la importancia de proteger a quienes velan por el medio ambiente.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de adherirse a los principios del Acuerdo de Escazú, que garantiza un trato respetuoso de los derechos humanos para los defensores ambientales. Esta institución ha señalado la asimetría de poder en el proceso y la potencial instrumentalización del sistema judicial frente a los pobladores locales
