La región de Tarija está experimentando un notable incremento en el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, una situación que afecta directamente el bienestar de sus ciudadanos más jóvenes. Datos de las agencias locales de protección a la niñez y adolescencia revelan que una proporción significativa, hasta el 30%, de todos los casos registrados actualmente involucra pagos atrasados. Anualmente, el municipio gestiona aproximadamente 1.500 procesos legales relacionados con esta problemática crucial.
Esta preocupante tendencia se atribuye en gran medida a las dificultades económicas generales y a una contracción en el mercado laboral. Estas presiones socioeconómicas complican cada vez más a los padres obligados a cumplir con sus responsabilidades financieras, creando un efecto dominó que compromete los derechos fundamentales de los niños y adolescentes que dependen de estos fondos. De hecho, cerca de un tercio de todos los acuerdos de asistencia familiar establecidos se encuentran actualmente en mora.
En respuesta a este desafío persistente, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia local trabaja activamente en la actualización de los registros de pagos, una medida vital para salvaguardar los derechos de los beneficiarios. Es fundamental destacar la singularidad legal de la deuda por asistencia familiar dentro de la legislación boliviana: es la única obligación financiera cuyo incumplimiento puede resultar en privación de libertad. Esta disposición legal subraya la profunda importancia que se otorga a la garantía del bienestar de los menores, cuyos derechos humanos se ven gravemente vulnerados cuando estos pagos esenciales son retenidos.
El protocolo establecido para abordar tales incumplimientos implica la elaboración de un informe detallado de la deuda por parte de la institución mencionada. Este informe es luego remitido a la autoridad judicial competente, quien posteriormente notifica a la parte deudora, instándola a cumplir con su compromiso pendiente
