La Defensoría del Pueblo ha emitido una advertencia sobre irregularidades significativas en la publicación de los planes de gobierno de las organizaciones políticas y alianzas que participan en las próximas elecciones subnacionales previstas para 2026. Esta situación genera preocupación debido a que la falta de difusión oportuna y completa de estos documentos afecta directamente el derecho de la ciudadanía a acceder a información esencial para ejercer un voto libre e informado, un pilar fundamental en cualquier proceso democrático.
De acuerdo con el calendario electoral establecido, los planes de gobierno debían estar disponibles al público desde el 28 de diciembre de 2025. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva realizada por la Defensoría, se detectaron omisiones y retrasos en la publicación que comprometen la transparencia del proceso electoral. Estas deficiencias no solo se limitan a la ausencia de documentos, sino también a problemas en la organización y difusión del contenido en los portales oficiales de algunos Tribunales Departamentales Electorales, entre ellos los de La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca.
Un caso emblemático es el del Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz, donde inicialmente el código QR habilitado para facilitar el acceso a los planes redireccionaba erróneamente a documentos internos no relacionados. Esta falla técnica generó confusión entre los ciudadanos y restringió su acceso a información clave sobre las propuestas electorales. La Defensoría ha solicitado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que subsane estas deficiencias con prontitud para garantizar que todos los planes estén disponibles y fácilmente accesibles.
Además, la Defensoría recordó que esta exigencia se fundamenta en disposiciones constitucionales y legales claras. En particular, se refiere a los artículos 216 y 26 de la Constitución Política del Estado, así como al artículo 4 incisos f) y h) de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que establecen el derecho al acceso a información pública y la obligación del Órgano Electoral de asegurar condiciones igualitarias para todos los participantes en procesos electorales.
La importancia de esta situación radica en que sin una adecuada difusión y acceso a los planes de gobierno, el electorado queda limitado para evaluar las propuestas políticas con fundamento. Esto puede afectar negativamente la calidad democrática del proceso electoral, pues impide que el voto se emita con conocimiento pleno sobre las opciones disponibles. En este contexto, la Defensoría anunció que continuará realizando un seguimiento permanente para asegurar el cumplimiento integral de estas obligaciones por parte del Órgano Electoral y sus tribunales departamentales.
En paralelo al tema de la publicación de planes, también se establecieron fechas oficiales para la difusión de propaganda electoral. Según lo previsto en el calendario electoral, desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026 está autorizada la realización de actos públicos como mítines, caravanas y concentraciones donde las organizaciones políticas pueden dar a conocer sus propuestas. Desde el 20 de febrero hasta el 18 de marzo también está permitida la difusión mediante medios masivos. El presidente del TSE ha recomendado priorizar en estos espacios las propuestas concretas contenidas en los planes de gobierno para fortalecer un debate político informado.
Cabe destacar que estos señalamientos surgen además en un contexto complejo para el Tribunal Departamental Electoral de La Paz, que continúa acéfalo debido a sucesivas postergaciones en la elección de sus vocales. Estas demoras obedecen a observaciones relacionadas con paridad de género y representación indígena, además del impacto generado por recursos judiciales presentados durante este proceso. Esta situación añade una capa adicional de preocupación respecto al adecuado desarrollo administrativo y organizativo previo a las elecciones.
En suma, la advertencia emitida por la Defensoría del Pueblo pone en evidencia problemas estructurales vinculados tanto con las obligaciones informativas como con aspectos organizativos dentro del sistema electoral subnacional. La correcta publicación y accesibilidad oportuna a los planes gubernamentales resulta indispensable para garantizar un proceso electoral transparente y participativo donde cada voto refleje una decisión consciente basada en información veraz y completa. El seguimiento atento por parte del Órgano Electoral será clave para superar estas deficiencias antes del inicio formal de las campañas electorales masivas previsto para principios del próximo año
