Un análisis reciente sobre los procesos judiciales vinculados a los sucesos trágicos ocurridos en 2019, incluyendo los casos de Senkata y Sacaba, revela que el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de sancionar a los responsables, lo que genera un riesgo latente de impunidad. La evaluación señala que el Estado ha fallado en investigar, juzgar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto poselectoral de ese año.
Este incumplimiento podría acarrear consecuencias a nivel internacional, ya que se estarían vulnerando los compromisos asumidos en la Carta Americana de Derechos Humanos. En particular, se identifican omisiones, retrasos y falta de acción institucional en los casos de Senkata y Sacaba, que contribuyen a la posibilidad de que estas graves violaciones queden sin castigo.
En el transcurso de este año, los procesos judiciales ordinarios relacionados con las muertes en Senkata y Sacaba fueron anulados, debido a que la justicia determinó que la exmandataria Jeanine Añez debía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades y no por la vía penal tradicional. Además, otros hechos derivados de la crisis de 2019, como las muertes en Montero, permanecen sin resolverse judicialmente.
En cuanto a los ataques a los domicilios de Waldo Albarracín Sánchez y Casimira Lema, se reporta que el primer caso está en etapa de juicio oral sin una sentencia definitiva hasta septiembre, mientras que en el segundo se emitió una resolución de rechazo. Por otro lado, el proceso relacionado con la quema de buses Puma Katari se encuentra en fase preliminar y presenta notables demoras en el cumplimiento de los plazos procesales.
Ante esta situación, se recomienda iniciar procesos disciplinarios contra los fiscales involucrados en los casos de Senkata y Sacaba por presunto incumplimiento de sus funciones, debido a la falta de una dirección efectiva en las investigaciones. Asimismo, se sugiere abrir procedimientos disciplinarios contra los jueces que no ejercieron un control jurisdiccional adecuado sobre los requerimientos fiscales y las garantías del debido proceso.
Además, se insta al Fiscal General a tomar medidas inmediatas para presentar formalmente la proposición acusatoria en el juicio de responsabilidades correspondiente a Senkata y Sacaba ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Otras recomendaciones dirigidas a diferentes instancias estatales incluyen la implementación de acciones simbólicas de reparación y garantías de no repetición, como la construcción de las Casas de la Memoria comprometidas, la emisión de disculpas públicas institucionales a todas las víctimas sin excepción y la institucionalización del “Mes de la Memoria, Verdad y Justicia”
