La administración departamental enfrenta un desafío financiero significativo. Para el presente mes, los ingresos alcanzaron apenas 20 millones de bolivianos, cifra notablemente inferior a los 31 millones proyectados. Este déficit representa una disminución de alrededor del 30% respecto a las estimaciones iniciales.
Esta reducción drástica en los ingresos limita severamente la capacidad de cumplir con diversas obligaciones financieras. Existe una preocupación palpable sobre la posibilidad de afrontar el pago de salarios al personal de la administración departamental y de la asamblea legislativa, así como de mantener la financiación de programas sociales dirigidos a sectores vulnerables, incluyendo personas con discapacidad, adultos mayores y productores agrícolas.
El nivel de ingresos actual contrasta marcadamente con periodos administrativos anteriores. Se ha señalado que durante la gestión transitoria se percibían cerca de 160 millones de bolivianos mensuales, cifra que descendió a aproximadamente 90 millones bajo la administración subsiguiente. Los 20 millones recibidos en el mes en curso evidencian una contracción drástica de los recursos disponibles.
En este contexto, la atención se centra en la Asamblea Legislativa Departamental, donde aún no se han concretado avances en leyes de ajuste económico cruciales, como la reducción de salarios y la disminución del número de legisladores. Desde el ámbito ejecutivo se ha subrayado que los recursos disponibles son insuficientes incluso para cubrir las obligaciones más básicas, como el pago de la nómina. Se ha informado que, desde el año 2021, se han remitido múltiples comunicaciones a la asamblea instando a revisar o derogar un conjunto de 90 normativas que generan compromisos financieros superiores a los 400 millones de bolivianos. La proyección para el ingreso total de este año apenas superaría los 250 millones de bolivianos. Una medida propuesta previamente para afrontar la crisis, la aprobación de una ley de emergencia financiera, no prosperó, encontrando resistencia en sectores que reciben beneficios de programas específicos como el Prosol, canastas alimentarias y el porcentaje de regalías.
Ante la gravedad de la coyuntura, la administración ha anunciado que procederá a comunicar formalmente el desequilibrio financiero de manera mensual. Esta información se hará llegar mediante notas oficiales a diversas instancias y organizaciones, entre ellas la Asamblea Legislativa Departamental, gremios agrícolas, autoridades municipales, los servicios de salud (Sedes), sindicatos del sector salud, representantes de la tercera edad y el Comité Cívico.
Desde hace meses, diversas iniciativas legislativas orientadas a mitigar la carga del gasto operativo se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa Departamental. No obstante, proyectos clave como la reducción de salarios o la disminución del número de asambleístas han permanecido sin resolución, atribuyéndose esta situación a decisiones de ciertas bancadas. En cuanto al proyecto de ley sobre la escala salarial, un miembro de la bancada del MAS ha señalado que la directiva de la asamblea ya ha abordado el tema, anticipando que su tratamiento podría concretarse en la próxima semana
