Una acción judicial ha sido presentada en Argentina contra el expresidente boliviano Evo Morales por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo torturas y tratos inhumanos, supuestamente cometidos durante los 14 años que estuvo al frente del Estado boliviano. La demanda fue impulsada por Tomás Farini Duggan, abogado del Foro por la Democracia en la Región (Fader), una organización argentina dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Farini Duggan, abogado penalista y profesor universitario, posee una trayectoria con experiencia en causas complejas, habiendo actuado como querellante en casos como el atentado a la AMIA y el memorándum con Irán. También ha intervenido en procesos de lesa humanidad en América Latina, logrando la emisión de órdenes de captura contra figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, entre otros funcionarios venezolanos.
La presentación judicial se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, un mecanismo legal que permite que crímenes graves sean investigados y juzgados en un país diferente a donde fueron cometidos. Para que este principio sea aplicable, deben cumplirse dos condiciones esenciales: primero, la existencia de crímenes sistemáticos de lesa humanidad, como persecución política o ataques generalizados contra la población civil; y segundo, la demostración de que en el país donde ocurrieron los hechos –en este caso Bolivia– no existe una justicia efectiva o voluntad para investigar tales delitos. Según los impulsores de la acción, ambos requisitos se configuran claramente en la situación boliviana.
La evidencia que respalda la denuncia proviene de múltiples informes elaborados por reconocidos organismos internacionales de derechos humanos. Entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado violaciones sistemáticas y persecución política en Bolivia durante el período en cuestión.
Entre los casos específicos incluidos en la denuncia figuran los de Dirk Schmid, quien ha autorizado públicamente el uso de su nombre y su historia como denunciante clave, y Marco Antonio Aramayo, cuyo expediente también forma parte de la causa. Se ha señalado que otros denunciantes prefieren mantener su identidad en reserva debido al temor a posibles represalias, dado que residen en Bolivia. Se espera presentar una lista de testigos cuyas identidades serán protegidas judicialmente.
La posibilidad de que estos delitos sean juzgados en Argentina se basa en una cláusula de jurisdicción universal contenida en la Constitución de ese país, descrita como sumamente amplia. A diferencia del principio de territorialidad, esta disposición permite que crímenes cometidos en cualquier lugar del mundo sean investigados y juzgados en Argentina, incluso sin un vínculo directo con el territorio nacional. Se considera una herramienta jurídica excepcional y fundamental para casos donde la justicia local no es viable. Para las víctimas, esto representa la posibilidad de encontrar un foro donde buscar justicia y que los responsables puedan eventualmente ser juzgados, un escenario que ya se ha visto en procesos similares relacionados con situaciones en Venezuela y Nicaragua, donde se emitieron órdenes de captura.
Hasta el momento, se han identificado alrededor de 15 víctimas directas que forman parte de la denuncia, aunque muchas más han manifestado interés en sumarse. El avance del proceso judicial depende de etapas clave, comenzando por la declaración de competencia por parte del juez federal a cargo, basada en el principio de jurisdicción universal. De confirmarse la competencia, se abrirá la etapa de presentación y análisis de pruebas. En caso contrario, la decisión puede ser apelada ante instancias superiores. El tiempo que demandará el proceso es incierto y estará marcado por el desarrollo de estas fases. Se ha mencionado también la existencia de testigos anónimos protegidos dentro de la causa en Bolivia que buscan justicia.
Se ha aclarado que el avance de la demanda en Argentina no depende de la voluntad política, dado que el Poder Judicial de ese país opera con independencia. No obstante, la eventual ejecución de una orden de captura que pudiera dictarse contra el imputado sí dependería de la cooperación del país donde este se encuentre. Se recordó que, en el caso de Evo Morales, ya existió previamente una orden de detención por otro proceso que no llegó a ejecutarse.
Por su parte, el expresidente Evo Morales ha reaccionado públicamente a través de una carta difundida en sus redes sociales, en la que denunció la existencia de un supuesto plan cóndor judicial en su contra, estableciendo un paralelismo con la coordinación represiva entre dictaduras militares sudamericanas en la década de 1970. Sin embargo, no se ha registrado una respuesta formal de su parte en el expediente judicial argentino ni ha designado abogados en la causa. Su participación en el proceso requeriría someterse a la jurisdicción argentina, algo que se considera infrecuente en este tipo de casos.
Desde la perspectiva de quienes impulsan la acción, la situación actual en Bolivia presenta similitudes con la de Venezuela, caracterizada por un proceso de concentración de poder y un deterioro significativo del sistema republicano. Se hizo hincapié en el grave estado del Poder Judicial boliviano, según lo documentan múltiples informes internacionales. Se considera fundamental que la ciudadanía boliviana tome conciencia de este riesgo y trabaje en el fortalecimiento de su sistema de justicia, visto como la última defensa de la institucionalidad republicana
