Casi cuatro años después del violento suceso ocurrido en la comunidad de Las Londras, ubicada en el municipio de Ascensión de Guarayos, el proceso judicial que busca esclarecer los hechos sigue sin alcanzar una resolución definitiva. La prolongación de este caso ha sido objeto de preocupación, especialmente por la falta de avances sustanciales.
Desde una institución dedicada a la defensa de los derechos humanos, se ha señalado la demora y el estancamiento en el procedimiento legal. Esta situación, se advierte, compromete el derecho fundamental de acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo, generando una creciente incertidumbre y erosionando la confianza en el sistema judicial. Se ha enfatizado la necesidad de que los responsables de la administración de justicia corrijan estas deficiencias.
El incidente de Las Londras se remonta al 28 de octubre de 2021, cuando individuos que ocupaban ilegalmente terrenos secuestraron y agredieron a periodistas, agentes policiales y civiles. Este episodio se enmarcó en un conflicto por la posesión de tierras en la región de Ascensión de Guarayos, en Santa Cruz. A la fecha, la causa judicial permanece abierta.
En el marco de la investigación, se han formulado cargos contra P.C.V., H.S.C.S., M.T.V. y N.R.E. por delitos que incluyen lesiones graves y leves, secuestro, robo agravado, tenencia y portación ilícita de armas de fuego, y tentativa de asesinato. Sin embargo, el procedimiento se encuentra paralizado en la fase de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Concepción, en la provincia Ñuflo de Chávez.
El 2 de abril de 2025, el Tribunal declaró en situación de rebeldía procesal a H.S.C.S., N.R.T. y M.T.V., emitiendo órdenes de aprehensión y arraigo en su contra. No obstante, no se han reportado progresos significativos en su localización o detención desde entonces.
Una sesión judicial programada para el 17 de abril fue aplazada por la presidenta del tribunal, debido a la presentación de un justificante médico por parte de uno de los imputados, N.R.E., quien alegó enfermedad. A pesar de la ausencia de otros dos implicados, se consideró que habían sido debidamente notificados. La nueva fecha para la audiencia ha sido fijada para el 9 de julio de 2025.
Frente a este panorama, la entidad defensora de los derechos humanos, a través de su delegación departamental en Santa Cruz, ha denunciado una clara demora en la administración de justicia. Asimismo, ha advertido que esta prolongación del proceso judicial socava garantías constitucionales esenciales, como el acceso a la justicia y el derecho a un juicio imparcial
