La asambleísta del Chaco, María René Barrios, ha dado a conocer que el pasado martes se presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra del Oficial Mayor Administrativo de la Asamblea Regional del Gran Chaco. Esta acción se lleva a cabo bajo la acusación de ejercicio ilegal de la profesión, una situación que ha generado preocupación entre los miembros de la asamblea.
La denuncia fue originada por Hernán Moreira, representante de la Organización de Participación y Control Social. En respuesta a esta situación, los asambleístas solicitaron un informe al jefe de Recursos Humanos durante una sesión plenaria. Este informe es fundamental, ya que la contratación de personal en la Asamblea debe ser respaldada por un documento que emite la directiva.
Barrios enfatizó que se ha solicitado la comparecencia del responsable de Recursos Humanos ante el presidente de la Asamblea para que aclare las circunstancias en las que se llevó a cabo la designación del Oficial Mayor Administrativo. La asambleísta explicó que es este departamento el que revisa la documentación necesaria para la contratación y que la designación se formaliza mediante una resolución administrativa firmada por la directiva.
Lo que resulta inquietante, según Barrios, es que a pesar de que se emitió la resolución y se realizó el nombramiento, no se ha podido verificar que el Oficial Mayor contara con el título profesional requerido en el momento de su designación. Aunque el funcionario presentó su documentación y alegó haber cumplido con todos los requisitos, no pudo demostrar ante el pleno que efectivamente poseía el título necesario.
Recientemente se ha informado que la universidad le otorgó el título al Oficial Mayor el 14 de febrero, aunque aún no se ha podido verificar el documento correspondiente. Ante esta situación, seis asambleístas han decidido formalizar una denuncia ante el Ministerio Público, instando al Oficial Mayor a presentarse ante esta entidad para defenderse adecuadamente.
Barrios opina que, tras la revelación de la denuncia, la directiva de la Asamblea debería haber tomado medidas inmediatas y destituido al funcionario en cuestión. Además, destacó que la responsabilidad también recae sobre la directiva, ya que fue esta la que aprobó su nombramiento sin tener confirmación del título profesional.
La denuncia se centra en Erick León, quien ha ejercido como Oficial Mayor Administrativo desde el año pasado, tras haber ocupado previamente el cargo de responsable de Recursos Humanos. Barrios subrayó que, si se confirma que el título fue obtenido posteriormente, se deberán revisar los actos y documentos firmados durante el tiempo en que León ocupó el cargo sin la debida acreditación, dejando en manos de la justicia la determinación de las responsabilidades pertinentes
