Un creciente malestar se ha apoderado de los consumidores de energía eléctrica en la región, ante las reiteradas quejas por supuestos cobros desmedidos en las facturas emitidas por Servicios Eléctricos de Tarija (Setar). La Federación de Juntas Vecinales de Cercado ha solicitado formalmente una audiencia con la gerencia de la empresa para abordar esta problemática.
En los últimos días, se han contabilizado más de cuarenta reclamaciones relacionadas con incrementos significativos en las tarifas, superando en algunos casos el cien por ciento respecto a los montos facturados en meses anteriores. Representantes vecinales han señalado que, desde junio y julio, se ha observado un cambio en los patrones de facturación, donde consumos que antes oscilaban entre 60, 80 o 100 bolivianos, ahora se duplican, llegando a 200, 300 e incluso, en un caso particular, hasta 5.000 bolivianos.
Un ejemplo elocuente de esta situación es el de una residente de la comunidad de Buena Vista, cuya factura de consumo domiciliario en julio alcanzó los 5.547 bolivianos. Este hecho ha generado una profunda preocupación entre los vecinos, quienes urgen la intervención de la Autoridad de Electricidad. La situación genera considerable angustia entre los usuarios, llevando a muchos a solicitar la revisión o el cambio de sus medidores, ante la sospecha de que un número considerable de aparatos podría estar registrando lecturas erróneas.
Dirigentes vecinales han destacado que estas inconsistencias parecen ser más frecuentes en las comunidades rurales. Sin embargo, en encuentros conciliatorios previos, Setar ha atribuido las anomalías a errores en la lectura de los medidores. Ante esta explicación, los representantes de los barrios han anunciado que analizarán a fondo todas las quejas recibidas y las formalizarán ante la gerencia de Setar, con el objetivo de obtener una aclaración exhaustiva de cada caso y que la empresa proponga soluciones efectivas.
Se ha advertido que, de no obtener una respuesta satisfactoria por parte de Setar y en caso de comprobarse una deficiente gestión en el registro de consumos, se elevará una comunicación formal a la Autoridad de Electricidad para que investigue estas irregularidades, amparándose en la normativa vigente. No se descarta la posibilidad de iniciar una acción legal colectiva ante lo que se considera un aumento injustificado y arbitrario de las tarifas eléctricas, un fenómeno que, según los afectados, se repite anualmente entre los meses de junio y diciembre. Finalmente, se insistirá en la intervención de la Autoridad de Electricidad, la instancia competente para investigar los hechos y, de ser necesario, imponer las sanciones correspondientes a la empresa distribuidora
