La implementación del sistema de Fotomultas en la ciudad de Tarija por parte de la empresa Smart Solutions Bolivia ha generado una ola de controversia debido a presuntos cobros sin la debida autorización municipal.
La concejal Raquel Ramos ha sido una de las voces críticas, señalando que, hasta la fecha, no existe ninguna disposición municipal que respalde la facultad de esta empresa para recaudar fondos por infracciones de tránsito. A pesar de esta ausencia de aval oficial, numerosos propietarios de vehículos están recibiendo notificaciones en sus dispositivos móviles por supuestas infracciones como exceso de velocidad o cruce de semáforo en rojo.
La inquietud principal, según lo expresado, reside en que la propia empresa Smart Solutions Bolivia es la encargada de emitir las planillas sancionatorias, establecer los montos de las multas, definir los tipos de faltas e, incluso, realizar las cobranzas directamente. Se ha denunciado que la reglamentación aplicada por la empresa contempla un cargo inicial de 72 bolivianos, pero si el pago no se efectúa en un plazo de tres días hábiles, el monto se eleva a 135 bolivianos. Transcurridos 30 días, la suma asciende a 273 bolivianos. Adicionalmente, una tercera infracción, si las dos anteriores han sido pagadas, se clasifica como falta grave, incrementando la penalización hasta los 300 bolivianos, con un plazo de 30 días para su cancelación.
Múltiples quejas han sido recibidas de conductores que consideran excesivos o injustificados estos cobros, lo que ha sembrado preocupación entre la ciudadanía y los transportistas. La validez jurídica y la justificación de estas recaudaciones, así como la transparencia en el manejo de los recursos, son aspectos que se han puesto en tela de juicio, especialmente al tratarse de una empresa privada que opera sin la autorización municipal previa.
Es importante recordar que en junio pasado, el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, había manifestado públicamente que no se aplicarían los cobros de las fotomultas, ya que el proyecto se encontraba en una fase de socialización. En ese momento, se indicó que las personas notificadas no debían realizar ningún pago. Sin embargo, las denuncias actuales contradicen esta afirmación, evidenciando que la empresa sí está imponiendo sanciones. Cabe destacar que la normativa de tránsito que actualmente se encuentra en evaluación contempla multas de 60 bolivianos para quienes transgredan la luz roja del semáforo y 50 bolivianos para infracciones leves en la vía pública, cifras que contrastan con los montos que se están exigiendo.
Un caso concreto es el de Simón Grimaldo, quien recientemente reportó haber recibido una notificación en su teléfono móvil por una multa de 300 bolivianos por exceder la velocidad en la rotonda del barrio San Jorge, con un plazo de tres días calendario para efectuar el pago. Al acudir a las oficinas, se le indicó que debía cancelar a través de QR o TigoMoney, y se le advirtió que el monto podría aumentar si no pagaba de inmediato. Si bien el señor Grimaldo reconoce la necesidad de aplicar sanciones por el incumplimiento de las normas de tránsito, cuestiona tanto la cuantía de las multas como el hecho de que el dinero sea dirigido a cuentas de una empresa privada. Su argumento es que, si bien acepta pagos de 50 a 60 bolivianos, esos recursos deberían permanecer en la ciudad y no beneficiar a una entidad particular que, según su perspectiva, no posee la titularidad de las vías públicas ni realiza su mantenimiento
