El presidente de la Asociación Nacional de Viticultores (ANAVIT), José Luis Sánchez, denunció que están siendo objeto de una “persecución política” por parte de Vías Bolivia, luego de exigir el retiro de los retenes de peaje en Santa Ana y La Pintada, que limitan el desarrollo productivo de la región vitivinícola de Uriondo y Cercado. Sánchez y otros dos dirigentes enfrentan procesos penales por supuestamente instigar actos delictivos. El dirigente vitivinícola expresó que se consideran “perseguidos políticos” por haber iniciado una “acción política productiva de exigibilidad” al demandar la remoción de los retenes que frenan la actividad económica del sector. Sánchez lamentó que lejos de contar con autoridades que trabajen por el desarrollo productivo, se enfrentan a esta situación judicial que interpretó como una “persecución política para callar la demanda productiva”. El líder vitivinícola responsabilizó directamente al director de Vías Bolivia, Amílcar Pérez Sánchez, por su “accionar en contra de quienes estamos con una reivindicación justa por derecho”. Sánchez advirtió que detrás de su exigibilidad está “la gente, la población”, y calificó como injusto que se los acuse de ser “tres personas quienes instigan”, cuando sus acciones representan un reclamo mayor.
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