Una situación crítica se vive en el departamento de Tarija, donde siete de sus once municipios han declarado formalmente su estado de desastre debido a las recientes inclemencias climáticas. Estos eventos adversos han provocado estragos significativos en la agricultura y en las infraestructuras residenciales de la región.

Informes oficiales de la Dirección de Gestión Ambiental Riesgos y Cambio Climático señalan que más de 150 comunidades han sido afectadas, contabilizándose alrededor de 4.390 familias damnificadas. Las inundaciones y las intensas granizadas se encuentran entre los fenómenos naturales que han causado mayor devastación.

La administración departamental, a través de sus dependencias operativas, se encuentra desplegando recursos y maquinaria para asistir en la rehabilitación de terrenos y caminos, respondiendo así a las necesidades más urgentes de las comunidades perjudicadas.

Tras la recepción y análisis de la documentación remitida por los municipios declarados en emergencia, la Gobernación de Tarija se encuentra en la fase final de elaboración de un informe técnico-legal. Este documento será fundamental para solicitar formalmente al gobernador, Oscar Montes, la declaración de emergencia departamental.

Se espera que en breve se formalice esta declaración a través de un decreto, lo cual permitirá activar mecanismos para solicitar ayuda al gobierno central. Las autoridades insisten en que la temporada de lluvias aún no ha concluido, y se mantienen vigentes alertas meteorológicas hasta mediados de abril. Por ello, se hace un llamado a la población para que se mantenga informada sobre los avisos y tome las precauciones necesarias.

En el contexto de la emergencia, el gobernador de Tarija ha manifestado su preocupación tras participar en una reunión del Consejo de Autonomías, donde se constató que la totalidad de los departamentos del país se encuentran en situación de desastre. A pesar de la asistencia que se está brindando a los municipios tarijeños afectados, la autoridad ha señalado que la etapa de reconstrucción será particularmente compleja.

La magnitud de los daños en la red vial, la destrucción de puentes y la afectación de sistemas de agua potable y riego anticipan un proceso de recuperación arduo y costoso. A esta problemática se suma la crisis financiera que enfrentan las gobernaciones, situación que se ve agravada por la obligación de asumir gastos correspondientes a competencias nacionales, como el sector salud. El gobernador ha expresado su inquietud ante las exigencias financieras impuestas por el nivel central, incluyendo el pago de bonos y deudas millonarias acumuladas, lo que limita aún más la capacidad de respuesta ante la actual emergencia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts