En un reciente comunicado, el Comité Multisectorial manifestó su asombro ante la noticia de un acuerdo entre la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y el Gobierno Nacional, que aparentemente implica la suspensión de una normativa controvertida. Esta disposición ha suscitado inquietud en varios sectores productivos, ya que se considera que podría facilitar la confiscación y el decomiso de bienes.
El Comité también subrayó que el presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, no tiene representación en su organización y no ha estado presente en las reuniones llevadas a cabo en distintas regiones del país. Por lo tanto, el Comité rechaza cualquier acuerdo que no haya sido discutido en sus foros oficiales.
En respuesta a esta situación, los grupos empresariales han reafirmado su cohesión y han decidido permanecer en estado de emergencia, organizando movilizaciones progresivas hasta que se logre la derogación de la normativa en cuestión. Este pronunciamiento pone de manifiesto el descontento de los gremios con respecto a las medidas del Gobierno, que consideran perjudiciales para el sector privado, lo que podría intensificar las tensiones entre los empresarios y el Ejecutivo en el futuro cercano.
Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), expresó su desacuerdo con el mencionado acuerdo entre la CEPB y el Gobierno a través de sus redes sociales. Antelo argumentó que calificar esta situación como un “acuerdo” es aceptar una dilación para reglamentar una norma que debería ser derogada, destacando que esta norma permite al Estado confiscar productos bajo el pretexto de agio, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de la cadena productiva.
El 11 de febrero, la CEPB y el Gobierno decidieron congelar la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Financiera, que se refiere a los decomisos de productos en situaciones de agio y especulación. Antelo concluyó su mensaje señalando que la cadena productiva está agotada de ser tratada como culpable, enfrentando restricciones a la exportación y un clima de temor en sus operaciones comerciales dentro del país
