La amenaza de nuevas inundaciones, derivadas de la actividad minera sin control, pende sobre las poblaciones de Tipuani y Guanay. A pesar de la firma de un acuerdo interinstitucional en enero de este año, destinado precisamente a prevenir tales desastres, la comunidad local advierte que las disposiciones pactadas no se están cumpliendo, lo que podría acarrear consecuencias aún más graves.
Representantes de los vecinos de Tipuani han manifestado su profunda preocupación por la inacción. Se ha reportado la falta de respuesta a múltiples comunicaciones dirigidas a la Defensoría del Pueblo, y se insiste en la necesidad de una nueva inspección que cuente con la presencia de todas las entidades ministeriales involucradas. Las recientes lluvias de febrero ya provocaron la destrucción de un puente vehicular y otro colgante, este último de reciente construcción. La comunidad señala que no se ha avanzado en las tareas de descolmatación del río, esenciales para la extracción de sedimentos, ni en la edificación de un muro defensivo, lo que deja a los municipios vulnerables ante cualquier precipitación intensa.
El pacto al que se hace referencia fue suscrito el 27 de enero, tras una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo. En dicho encuentro participaron residentes afectados, técnicos y autoridades de los ministerios de Minería, y Medio Ambiente y Agua, así como de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y la Gobernación de La Paz. También estuvieron presentes líderes de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), entidades cuya actividad ha sido vinculada directamente con los desastres ocurridos.
Durante esa sesión, la administración municipal de Tipuani, a través de su alcalde y su equipo técnico y legal, expuso que las inundaciones, producto de una explotación minera desordenada, no solo amenazan con la desaparición de áreas pobladas en su propio municipio, sino que extienden este riesgo a otras dos localidades. El alcalde de Tipuani ha expresado su inquietud por la posibilidad de que esta situación derive en futuras acciones legales y bloqueos por parte de municipios vecinos como Guanay y Teoponte.
La memoria colectiva de la comunidad de Chima guarda un precedente devastador: el deslizamiento del cerro Puca Loma en 2003, también atribuido a la actividad minera. Aquel evento resultó en la desaparición completa de la avenida Sorata y de todas las viviendas en ese sector. Centenares de vidas se perdieron, y muchos cuerpos nunca fueron recuperados, llevando a la propuesta de declarar el lugar como campo santo. A pesar de los acuerdos interinstitucionales firmados en su momento para indemnizar a las mujeres y niños sobrevivientes y proveerles de vivienda, la Cooperativa Chima ha sido percibida actuando como propietaria exclusiva del suelo y subsuelo, ejerciendo presiones constantes sobre los residentes, incluso en la actualidad, a pesar de haber sido señalada como causante de la tragedia.
En este contexto de creciente preocupación y antecedentes dolorosos, los vecinos afectados exigen el cumplimiento inmediato del acuerdo suscrito para evitar que se repitan o agraven las tragedias pasadas
