En el municipio argentino de Aguas Blancas, una localidad fronteriza con Bermejo, Bolivia, se ha detectado una considerable discrepancia entre el número de residentes y el de electores habilitados. Aproximadamente 2.000 ciudadanos, mayoritariamente de nacionalidad boliviana, figuran en el padrón electoral de esta jurisdicción sin tener residencia efectiva en ella. Esta situación les permite acceder a diversos programas de asistencia social ofrecidos en Argentina.
Los datos oficiales del Censo 2022 indican que Aguas Blancas cuenta con 3.648 habitantes. Sin embargo, el registro electoral muestra 5.736 personas habilitadas para sufragar, lo que representa un excedente de votantes del 57,2% en comparación con la población censada.
Esta irregularidad salió a la luz a raíz de una investigación impulsada por el área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de Salta, con competencia electoral. La directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras de Argentina ha señalado que estas personas no podrán ejercer su derecho al voto en la localidad. Además, se ha indicado que el problema podría no limitarse a ciudadanos bolivianos, ya que en el pasado se inscribía a individuos en los padrones ofreciéndoles beneficios económicos. Con la actual depuración de los registros, aquellos que no residan en el lugar serán dados de baja.
Para confirmar estas inconsistencias, se llevó a cabo un exhaustivo cruce de información entre los registros de la Secretaría Electoral, el RENAPER y el INDEC. Asimismo, se realizó un relevamiento de las viviendas en Aguas Blancas, lo que permitió constatar diferencias significativas entre los datos proporcionados por las distintas entidades oficiales. Los resultados evidencian un aumento sustancial de electores inscritos en el padrón en contraste con el número de ciudadanos registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El interventor de la Municipalidad de Aguas Blancas ha ratificado la existencia de esta anomalía, calificándola de innegable, dado que es inconsistente tener una población de poco más de 3.000 habitantes y un padrón de 5.500 electores. Según sus declaraciones, la situación podría estar vinculada a la emisión irregular de Documentos Nacionales de Identidad, y el asunto ya se encuentra en manos de la Justicia Federal.
Entre los programas de asistencia social a los que estos individuos habrían accedido se encuentran el plan de seguridad alimentaria, el de primera infancia, el de protección social, el plan Progresar, el programa Hogar, la tarifa social y el subsidio para medicamentos ambulatorios (PAMI).
La investigación judicial se inició tras una presentación formal realizada por el representante de la alianza Juntos por el Cambio
