En la madrugada de este martes, un juez dictó una orden de detención preventiva por un periodo de 180 días para un hombre y una mujer implicados en el feminicidio de Sandra Cecilia Vergara Antelo, así como en el asesinato del exmayor de la Policía, Óscar David Chávez. Una tercera persona, otra mujer, ha sido beneficiada con medidas sustitutivas.
El fiscal Mijail Cavero comunicó que el Ministerio Público ha formalizado la acusación contra los detenidos por los delitos de feminicidio, asesinato en grado de complicidad y encubrimiento. Cavero subrayó que la solicitud de detención preventiva se basa en la fuerte probabilidad de que los acusados estén involucrados en los crímenes.
Los detenidos están relacionados con la desaparición de Sandra Vergara, quien es hermana de ‘Cody’, un supuesto colaborador del narcotraficante Sebastián Marset. La investigación por parte de la Fiscalía se inició el 25 de febrero, cuando se registró que Vergara y Chávez fueron vistos por última vez entrando a un domicilio en Santa Cruz de la Sierra. Las cámaras de seguridad confirmaron su ingreso, pero no captaron su salida.
Durante la audiencia, los familiares de las víctimas se congregaron en el Palacio de Justicia, demandando que se imponga una pena de 30 años de prisión a los acusados. Con lágrimas y gritos, exigieron respuestas sobre el paradero de Sandra Vergara.
El fiscal Alberto Zeballos indicó que se encontraron rastros de sangre en una cama y una frazada en la vivienda donde se presume que ocurrió el crimen, gracias a pruebas de luminol. Zeballos mencionó que las personas involucradas en el caso, incluyendo un amigo, una expareja y una trabajadora del hogar, no alertaron a las autoridades sobre lo sucedido.
De acuerdo con las indagaciones, Sandra Vergara mantenía una relación sentimental con su empleador, José Miguel C., quien actualmente se encuentra en fuga. Un testigo esencial ha declarado que ambos desaparecidos fueron asesinados a tiros en el abdomen.
La Fiscalía continúa con la investigación, intensificando la búsqueda de José Miguel C., mientras las familias de las víctimas claman por justicia
