Después de una extensa jornada de negociaciones que se extendió por más de diez horas, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) acordaron un receso en las conversaciones, según informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. La delegación oficial estuvo encabezada por Lupo junto a los ministros Marco Antonio Oviedo, Mauricio Zamora y José Gabriel Espinoza.
El diálogo mostró avances tras la liberación de cerca de veinte mineros detenidos durante recientes episodios de violencia en La Paz, incluyendo a un grupo de mujeres, lo que contribuyó a aliviar en parte la tensión generada por marchas, bloqueos y enfrentamientos en distintas regiones.
Marco Argollo, líder de la COB, se sumó a la mesa de diálogo en horas de la mañana en medio de al menos veinte bloqueos en carreteras del país. Sin embargo, se retiró para consultar con sus bases y anunció que cualquier decisión definitiva deberá ser tomada en un cabildo ampliado, resaltando la importancia del momento para el país. La movilización sindical se ha mantenido activa durante casi tres semanas, con múltiples protestas y cortes de vías que afectan diversas zonas, entre ellas La Paz, Pando, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
Las negociaciones se retomaron tras varios intentos fallidos y tensiones previas, en un contexto marcado por una marcha conjunta de la COB y el Magisterio Urbano que culminó en La Paz después de recorrer a pie 60 kilómetros desde Calamarca. Durante las protestas se registraron actos violentos, como detonaciones de dinamita y daños a espacios públicos, que derivaron en detenciones.
El bloqueo nacional convocado por la COB comenzó de forma escalonada y alcanzó numerosos puntos de interrupción en las principales rutas del país, mientras que la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba anunció un paro general desde este jueves.
Al concluir la jornada, el ministro Lupo señaló que el objetivo del diálogo es estabilizar la economía y fomentar la inversión y el crecimiento. Anunció un cuarto intermedio hasta la mañana siguiente, con la esperanza de mantener un ambiente de respeto y disposición para encontrar soluciones que el país requiere.
En paralelo, el conflicto adquirió una dimensión judicial en Santa Cruz, donde la Sala Constitucional Primera admitió una acción popular contra los decretos supremos 5503 y 5515, emitidos por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Este recurso legal, presentado por un abogado particular, será tratado en una audiencia virtual programada para el viernes. El proceso se encuentra en etapa de admisión y no ha emitido una resolución definitiva. Las autoridades judiciales advirtieron que es prematuro anticipar criterios y confirmaron que el Ejecutivo deberá responder formalmente en el proceso.
Al mismo tiempo, el Gobierno activó varias mesas técnicas para abordar la situación. Una de estas sesiones tuvo lugar en el Campo Ferial Chuquiago Marka, con la participación de más de cien organizaciones sociales, viceministros, ministros y otros representantes. Se espera que las conclusiones se presenten en una plenaria este viernes. La viceministra de Autonomías indicó que el decreto podría ser revisado y ajustado tras una evaluación.
El Decreto Supremo 5503, aprobado en diciembre de 2025, introduce cambios significativos en la política económica vigente desde hace más de veinte años, eliminando subsidios a los combustibles y promoviendo la inversión y nuevos emprendimientos. El presidente Paz Pereira ha rechazado la posibilidad de derogarlo, argumentando que no se puede retroceder y cuestionando las críticas de los sectores movilizados.
Por su parte, representantes del sector productivo han expresado preocupación por posibles riesgos de inflación y desabastecimiento si las protestas continúan. El ministro de Economía reconoció que, hasta el momento, los bloqueos son localizados y no han generado un impacto significativo, aunque la situación es dinámica. Autoridades gubernamentales también condenaron los actos violentos y alertaron sobre el daño a la imagen internacional del país.
En el ámbito político, el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha manifestado en oposición al gobierno, anunció la presentación de un proyecto de ley para anular los decretos, aunque esta iniciativa no ha recibido amplio respaldo en la Asamblea Legislativa, que retomará actividades en los próximos días.
Con la vía judicial en marcha, el diálogo en curso y las rutas nacionales bajo presión, el Decreto Supremo 5503 se mantiene como el centro del debate político, social y económico en Bolivia. Las próximas jornadas, especialmente la audiencia constitucional y la continuación de las negociaciones, serán fundamentales para definir si el conflicto se resuelve o se intensifica
