La diputada Claudia Bilbao, representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y alineada con el gobierno de Rodrigo Paz, ha puesto en marcha una iniciativa legislativa que busca transformar la estructura del Registro de Derechos Reales en Bolivia. Esta propuesta, presentada el 4 de marzo bajo el número de ley 294/25, propone que esta entidad, actualmente bajo la supervisión del Consejo de la Magistratura y parte del Órgano Judicial, pase a depender completamente del Ministerio de la Presidencia.
Bilbao justifica su propuesta argumentando que la transferencia es necesaria para implementar un gobierno electrónico que modernice los trámites asociados al Registro. Según ella, el Órgano Judicial ha priorizado durante mucho tiempo el gasto corriente sobre las inversiones en tecnología, lo que ha llevado a una gestión ineficiente. La diputada sostiene que al trasladar la administración del Registro al Ministerio de la Presidencia, se podría garantizar un control social más efectivo y una fiscalización legislativa más ágil, contrastando con lo que ella considera impunidad en el ámbito judicial debido a la supuesta independencia de poderes.
El proyecto contempla no solo la transferencia de funciones y atribuciones, sino también de activos y presupuesto del Registro. En caso de ser aprobado, se establecería la Dirección Nacional de Registro Propietario (DINAREP) como una nueva entidad pública descentralizada, con autonomía jurídica y patrimonial bajo el control del Ministerio de la Presidencia. Además, estipula que en un plazo máximo de 180 días, el Consejo de la Magistratura deberá ceder todos los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo organismo.
Sin embargo, esta propuesta ha encontrado una fuerte oposición por parte del Consejo de la Magistratura. En un pronunciamiento oficial desde Sucre, sus miembros expresaron su rechazo contundente a lo que consideran un intento por comprometer la seguridad jurídica en el país. Argumentan que permitir que un órgano político asuma el control del Registro podría debilitar la confianza pública en el sistema de propiedad y abrir las puertas a injerencias políticas en un derecho fundamental.
Los magistrados han hecho un llamado a la Asamblea Legislativa para abrir un debate serio sobre este asunto. Destacan la importancia de involucrar a todos los actores relevantes del sistema judicial y registral en este diálogo y abogan por reformas estructurales que fortalezcan las instituciones estatales en lugar de debilitarlas.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que se intenta hacer una modificación significativa al control del Registro de Derechos Reales. Hace tres años, durante el gobierno del expresidente Luis Arce, se presentó un anteproyecto similar con el objetivo de transferir esta función al entonces ministerio de Justicia. En aquella ocasión, también se argumentó sobre la necesidad de modernizar y digitalizar los trámites relacionados con los registros.
El contexto histórico revela que el Registro de Derechos Reales opera bajo una legislación centenaria; específicamente la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada en 1887 durante la presidencia de Gregorio Pacheco. A pesar del paso del tiempo, su aplicación ha sido considerada obsoleta por varios sectores y ha estado vinculada a denuncias de corrupción.
La propuesta presentada por Bilbao abre un nuevo capítulo en este debate crucial sobre cómo se gestionan los derechos fundamentales relacionados con la propiedad en Bolivia y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre modernización administrativa y salvaguarda institucional.
