La reciente captura del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia ha desatado una exigencia urgente por parte de diversos sectores políticos y de seguridad para que se profundice la investigación sobre posibles complicidades dentro del gobierno anterior. La diputada Lissa Claros, representante de la alianza política Libre, ha sido una de las voces más contundentes al solicitar a las autoridades judiciales que activen mecanismos para esclarecer si exfuncionarios públicos mantuvieron vínculos o facilitaron operaciones ilícitas relacionadas con Marset durante su permanencia y actividad en el país.
Este llamado a la acción surge tras revelaciones que apuntan a un nivel alarmante de impunidad y protección hacia el narcotraficante, quien no solo habría operado durante varios años en territorio nacional, sino que también logró obtener documentos oficiales como carnet de identidad y licencia de conducir. Según Claros, no solo él sino también personas cercanas a él habrían gozado de este tipo de beneficios, lo cual plantea serias dudas sobre la integridad y vigilancia dentro de las instituciones responsables del control migratorio y documental. La diputada subraya que estas irregularidades no pueden quedar sin respuesta y deben ser objeto de un escrutinio riguroso por parte del sistema judicial.
En su análisis, Claros mencionó directamente a exfuncionarios específicos que deberían ser convocados para rendir cuentas sobre sus posibles nexos con Marset. Entre ellos destacan el exministro Del Castillo, el exviceministro Aguilera y personas vinculadas al entorno del exministro Luis Arce Catacora. Esta petición pone sobre la mesa la posibilidad de que altos cargos públicos hayan favorecido o incluso colaborado activamente con redes narcotraficantes, lo cual tendría implicaciones profundas para la confianza ciudadana en las instituciones y para la lucha contra el crimen organizado en el país.
Por su parte, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, complementó esta postura al informar que los dispositivos electrónicos incautados en la residencia de Marset serán pieza clave para determinar hasta qué punto existió apoyo o protección desde sectores particulares o autoridades oficiales. La información contenida en estos aparatos podría revelar comunicaciones, transacciones o acuerdos que permitan trazar un mapa más claro de las redes involucradas. Sokol indicó que ya cuentan con abundante material para analizar y anticipó que es probable que se descubra un entramado de protección a nivel institucional durante el pasado reciente.
La magnitud del caso tiene una trascendencia considerable para la población nacional debido a las implicaciones directas sobre la seguridad pública y la gobernabilidad. La posible infiltración o colaboración de exautoridades con grupos criminales debilita las estructuras estatales destinadas a combatir el narcotráfico y genera un clima de desconfianza entre los ciudadanos respecto al compromiso real del Estado con la justicia y el orden. Además, pone en evidencia falencias institucionales que deben ser corregidas para evitar futuras situaciones similares.
En este contexto, las investigaciones que se abran serán cruciales no solo para sancionar responsabilidades individuales sino también para implementar mecanismos más efectivos de control y supervisión dentro del aparato estatal. La sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes que demuestren un compromiso genuino con erradicar cualquier forma de corrupción o complicidad vinculada al crimen organizado. El caso Marset se convierte así en un punto crítico para evaluar la transparencia y eficacia del sistema judicial y policial frente a amenazas internas que comprometen la integridad nacional
