Con la intención de posicionar a Cochabamba como un motor clave en la economía nacional, el diputado Luis Laredo, representante de la Alianza Unidad, ha presentado un conjunto de iniciativas legislativas orientadas a fomentar la inversión, potenciar la competitividad, facilitar la conexión con mercados tanto nacionales como internacionales, promover el desarrollo del talento y la tecnología, y optimizar la distribución de recursos estratégicos en la región.
Laredo sostiene que para revitalizar la economía de Cochabamba es fundamental diseñar una agenda legislativa que impulse a Bolivia como un país confiable, productivo y competitivo, con este departamento como un referente territorial central.
Las propuestas se estructuran en torno a ejes económicos, institucionales y sociales. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley de Estabilidad Jurídica y Protección a la Inversión Productiva, que establece un marco normativo para declarar proyectos estratégicos, garantizar contratos y crear una red de ventanillas únicas que facilite la coordinación de permisos y certificaciones entre distintos niveles de gobierno. Este proyecto incluye plazos administrativos claros, procesos electrónicos con trazabilidad pública y mecanismos especializados para la resolución de controversias. Además, contempla mesas técnicas territoriales que integran a autoridades nacionales, gobernaciones, municipios, cámaras productivas y universidades, complementadas con auditorías externas que verifican el cumplimiento y los resultados. El objetivo es acelerar la ejecución de obras productivas, atraer financiamiento y asegurar un seguimiento público y evaluación de impacto para cada iniciativa.
Otra iniciativa relevante es el Proyecto de Ley de Conectividad Económica y Transformación Digital, que combina inversiones en infraestructura logística con proyectos de banda ancha y plataformas de trazabilidad para las cadenas productivas. Este plan prioriza corredores que vinculen centros productivos con nodos de distribución y puertos secos, estableciendo estándares de interoperabilidad para facilitar el comercio y reducir costos logísticos. Los proyectos incluyen estudios de viabilidad, esquemas de cofinanciamiento y pilotos de digitalización para medir mejoras en costos y tiempos de despacho.
En cuanto al desarrollo del capital humano, el Proyecto de Ley de Economía del Conocimiento y Talento Joven busca impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación mediante programas de formación dual entre empresas y universidades, fondos concursables para proyectos de I+D, y espacios para incubación y aceleración de emprendimientos tecnológicos. Esta política se enfoca en retener talento regional, crear clústeres sectoriales y vincular directamente la oferta académica con las demandas productivas, apoyándose en convenios con centros de investigación, financiamiento público-privado y comités técnicos que evalúan el impacto y la escalabilidad de los proyectos.
Dentro del paquete también se incluye el Proyecto de Ley del Nuevo Pacto Fiscal para Cochabamba, que propone mecanismos de redistribución de recursos basados en criterios productivos y territoriales. Este pacto contempla cofinanciamiento para infraestructura estratégica, fondos condicionados a resultados productivos y cláusulas de corresponsabilidad entre niveles de gobierno, con negociaciones a través de mesas intergubernamentales y dictámenes jurídicos que garantizan la compatibilidad constitucional. La iniciativa busca fortalecer la autonomía regional y mejorar la ejecución de inversiones públicas orientadas al desarrollo productivo, estableciendo un equilibrio equitativo entre el nivel central y las regiones.
Asimismo, el Proyecto de Ley de Simplificación Normativa Empresarial tiene como objetivo eliminar la burocracia mediante la digitalización de trámites, la creación de ventanillas únicas y la eliminación de regulaciones duplicadas que afectan a micro, pequeñas y medianas empresas. Esta propuesta incluye un inventario regulatorio, capacitación para funcionarios municipales y una plataforma integrada para la apertura de empresas y el cumplimiento sectorial, con la finalidad de reducir tiempos y costos administrativos, y mejorar la experiencia empresarial con procesos más ágiles y transparentes.
Entre otras iniciativas se encuentran el Proyecto de Ley de Modernización Tributaria y Laboral, que busca actualizar la normativa para armonizar incentivos a la formalización con medidas que incrementen la competitividad y sostenibilidad fiscal; el Proyecto de Ley de Reforma Laboral y Programa Primer Empleo, que articula incentivos para la contratación juvenil, programas de aprendizaje y sistemas de seguimiento laboral; el Proyecto de Ley para la Regulación Responsable de la Protesta Social, que establece protocolos de diálogo y mecanismos de mediación para garantizar la expresión ciudadana sin afectar la actividad productiva; el Proyecto de Ley de Transparencia y Fiscalización, que promueve la rendición de cuentas mediante un registro público de proyectos productivos estratégicos y la publicación obligatoria de auditorías, contratos y avances en un portal de datos abiertos; y finalmente, el Proyecto de Ley de Políticas de Reconciliación y Unidad, que busca vincular proyectos productivos con procesos de inclusión social a través de acuerdos de beneficio compartido, programas de capacitación local y participación ciudadana en la planificación territorial.
Estas propuestas legislativas reflejan un enfoque integral para fortalecer el desarrollo económico, institucional y social, posicionando a Cochabamba como un actor central en la dinámica productiva del país
