La Asamblea Legislativa ha tomado una decisión crucial para esclarecer la crisis que se ha desatado en torno a la comercialización de combustible presuntamente adulterado, un problema que ha generado daños significativos en motocicletas y vehículos particulares. El diputado José Luis Porcel, representante del partido Libre, confirmó que se ha convocado al ministro de Hidrocarburos a una interpelación que tendrá lugar a las nueve de la mañana. El objetivo principal de esta sesión es que el titular del sector explique detalladamente las causas de esta crisis, las medidas implementadas para mitigar sus efectos y por qué no se actuó con la rapidez necesaria para prevenir los daños ocasionados.
Este llamado a rendir cuentas se enmarca dentro del ejercicio democrático y constitucional que permite al Legislativo supervisar y cuestionar la gestión de los funcionarios públicos. Porcel enfatizó que la sesión debe desarrollarse respetando estrictamente lo estipulado en la Constitución Política del Estado, lo que garantiza un proceso transparente y ajustado a derecho. Además, destacó que el desenlace de esta interpelación dependerá de la voluntad mayoritaria del cuerpo legislativo, lo que puede traducirse en diversas consecuencias para el ministro involucrado.
En caso de que el pleno decida censurar al ministro, existen dos escenarios posibles: uno es su destitución definitiva del cargo, poniendo fin a su gestión; el otro contempla la posibilidad de su restitución en el futuro, una práctica que ya se habría dado en administraciones anteriores. Sin embargo, Porcel subrayó una reflexión ética importante: una autoridad censurada debería reconsiderar aceptar volver a ocupar el mismo puesto, pues ello podría afectar la credibilidad institucional y la confianza ciudadana. Esta observación apunta hacia un debate más profundo sobre responsabilidad política y moralidad pública.
El diputado también criticó las declaraciones recientes del presidente del Senado, quien sugirió que la interpelación podría carecer de efectos legales debido a una norma vigente y un amparo constitucional vigente. Según Porcel, estos argumentos no son nuevos ni eternos; recordó que recursos similares fueron invocados en gestiones anteriores para proteger a ministros cuestionados pero no tienen carácter indefinido ni pueden usarse como escudo permanente. Por ello calificó esta postura como una posible manipulación política destinada a evadir responsabilidades y obstaculizar el proceso democrático.
Porcel insistió en la necesidad imperiosa de que el ministro comparezca ante el hemiciclo para transparentar toda la información relacionada con esta problemática. La explicación debe abarcar no solo las causas profundas del problema sino también las acciones tomadas hasta ahora y las razones por las cuales no se previno o mitigó oportunamente. Además, advirtió sobre un riesgo latente: los efectos negativos del combustible adulterado podrían seguir manifestándose en vehículos cuyos propietarios aún no han utilizado dicho combustible contaminado, lo cual extendería el impacto perjudicial más allá del momento actual.
En cuanto a la legitimidad del proceso interpelatorio, el diputado afirmó con claridad que cumple con todos los requisitos legales establecidos para este tipo de procedimientos. En caso de que el ministro convocado incumpla con su obligación de presentarse ante la Asamblea Legislativa, se procederá a emitir una nueva citación para la semana siguiente, demostrando así la determinación legislativa para obtener respuestas claras y responsables.
Por otro lado, respecto al anuncio oficial sobre un plan gubernamental destinado a resarcir económicamente a los afectados por este incidente, Porcel expresó reservas sobre la viabilidad práctica de dicha medida. Señaló que cuantificar las pérdidas resulta complejo porque va más allá del costo directo por reparaciones mecánicas; incluye también el daño económico provocado por la interrupción o paralización temporal de actividades productivas o laborales. Esto afecta especialmente a sectores vulnerables como los mototaxistas, quienes dependen diariamente de sus ingresos para sostener a sus familias y ahora enfrentan dificultades económicas derivadas de esta crisis.
Finalmente, el legislador llamó a tomar esta situación como una lección fundamental para mejorar los procesos y mecanismos en la gestión pública. Recalcó que es indispensable asumir responsabilidades reales por parte de quienes están al frente del gobierno actual y cuestionó duramente las continuas atribuciones hacia administraciones anteriores como excusa para justificar errores o falta de acción efectiva. A más de cien días desde el inicio del gobierno actual, Porcel sostuvo que ya es momento de mirar hacia adelante con responsabilidad y compromiso para evitar repetir problemas similares y fortalecer así la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Este episodio pone en evidencia desafíos importantes en materia de control y supervisión dentro del sector hidrocarburífero, así como las repercusiones directas sobre millones de usuarios afectados por un producto defectuoso cuya comercialización impacta negativamente tanto en lo técnico como en lo económico. La interpelación convocada representa una oportunidad clave para transparentar responsabilidades y avanzar hacia soluciones concretas que protejan los intereses ciudadanos y garanticen calidad e integridad en servicios básicos tan vitales como el suministro energético
