La Defensoría del Pueblo ha comenzado una investigación de oficio tras un asalto a un librecambista en el que un sargento de la Policía ha sido señalado como el principal sospechoso. Cecilia Bolívar, Defensora del Pueblo en Tarija, ha indicado que se están indagando posibles actos de tortura relacionados con el efectivo policial involucrado en el caso.
Este incidente, que involucra el robo de cerca de 30 millones de pesos argentinos, ha desatado una fuerte reacción en la comunidad tarijeña, lo que ha llevado a la alta dirección policial a emitir disculpas públicas. La situación se complicó aún más cuando el sargento, durante un traslado, lanzó acusaciones que implicaban a altos mandos de la Policía, mencionando específicamente a los coroneles Illanes y Fernández.
Bolívar explicó que la Defensoría tomó conocimiento de la situación a través de los medios y luego recibió a los familiares de la víctima. “Se ha iniciado de inmediato una investigación de oficio”, afirmó. La Defensora subrayó la complejidad del caso, dado que el presunto agresor es un miembro de la Policía. “Las investigaciones pueden llevarse a cabo tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”, detalló Bolívar, asegurando que la Defensoría está brindando apoyo a las familias afectadas.
En el marco de su función como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría ha realizado una visita a las celdas policiales para evaluar las condiciones del detenido. Bolívar explicó que, tras revisar el caso, se consideró necesario llevar a cabo esta visita para asegurar que se garantice el acceso a una revisión médica.
Durante esta evaluación, se identificaron algunas lesiones en el cuerpo del detenido, lo que ha llevado a solicitar una valoración médica forense. El equipo de la Defensoría se trasladó al hospital para revisar el historial médico y confirmar si se había realizado la evaluación adecuada.
La Defensora destacó que la institución está trabajando en dos frentes: por un lado, apoyando a las víctimas del atraco, y por el otro, asegurando los derechos y la integridad de los detenidos. “Como Defensoría, estamos abriendo dos líneas de acción: una para atender a las víctimas y otra, en el marco del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para proteger la integridad de quienes están bajo investigación”, expresó.
Este caso ha puesto de relieve la necesidad de una investigación minuciosa y transparente, no solo sobre el asalto en sí, sino también sobre las acusaciones que el sargento ha hecho contra sus superiores. La respuesta del general Illanes, quien negó “rotundamente” las acusaciones y presentó los antecedentes disciplinarios del sargento, destaca la gravedad de la situación y la crisis de confianza que enfrenta la Policía.
Bolívar subrayó la importancia de seguir los procedimientos adecuados en todos los casos donde el Estado tiene la custodia de individuos. “Todo caso relacionado con personas que se encuentran en celdas policiales, así como en otros lugares bajo custodia estatal, debe abrirse a investigación en las instancias correspondientes”, indicó.
Este incidente ha suscitado un debate más amplio sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad y la necesidad de establecer mecanismos de control interno más eficaces. La promesa del general Illanes de ser “implacable en la lucha contra la corrupción” y su anuncio de solicitar la baja definitiva del sargento implicado a través de un proceso disciplinario reflejan la presión que enfrenta la institución para recuperar la confianza del público
