La diputada Marina Cachambi Álvarez, representante del partido Unidad, ha tomado un papel activo en la Asamblea Nacional con la presentación de varios proyectos de ley que buscan responder a demandas y problemáticas concretas de la población de Tarija y su entorno. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra una propuesta para anular el contrato petrolero que autoriza la exploración y explotación en la Reserva de Tariquía, un área protegida que ha sido objeto de controversias desde gestiones anteriores.
Este contrato petrolero fue firmado durante administraciones pasadas y permite el ingreso de actividades extractivas en una zona que cuenta con un alto valor ambiental y cultural. La diputada Cachambi señaló que su proyecto busca específicamente abrogar las leyes 1015 y 1049, mediante las cuales se concedieron estos contratos. La medida surge en respuesta a la oposición creciente de las comunidades locales, especialmente los habitantes de Chiquiacá, quienes forman parte integral del territorio protegido y han expresado su rechazo contundente a la incursión petrolera. Estas comunidades han protagonizado movilizaciones y vigilias permanentes, incluso enfrentándose con fuerzas policiales para impedir el acceso a la reserva.
El rechazo al ingreso petrolero en Tariquía no es un fenómeno aislado sino que se inscribe dentro de un contexto más amplio generado durante el gobierno de Evo Morales, cuando mediante decretos se autorizó la exploración petrolera en parques naturales y áreas protegidas. Esto ha generado tensiones entre el desarrollo económico basado en recursos naturales y la conservación ambiental, así como entre autoridades nacionales y comunidades indígenas o locales.
Además del proyecto para proteger Tariquía, Marina Cachambi ha presentado otras tres iniciativas legislativas que reflejan preocupaciones diversas pero igualmente relevantes para su región. Una de ellas propone la remodelación del estadio IV Centenario, infraestructura deportiva clave para la ciudad que requiere mejoras para ofrecer mejores condiciones a los deportistas y espectadores. Esta iniciativa apunta a fortalecer espacios públicos que contribuyen al bienestar y cohesión social.
Otra propuesta importante busca modificar el artículo 350 del Código Penal, relacionado con el delito de abigeato o robo de ganado. La diputada considera que las sanciones actuales son insuficientes para disuadir esta práctica delictiva, que ha empeorado en algunas zonas rurales del departamento. Su intención es endurecer las penas para reducir los índices de este delito que afecta a productores agropecuarios y genera inseguridad económica y social.
En paralelo a sus proyectos legislativos, Cachambi ha sido activa en la supervisión del gobierno mediante la presentación de cerca de cien peticiones de informe escrito. Estas solicitudes buscan obtener información sobre diversos temas que preocupan a la población local; sin embargo, en muchos casos aún no ha recibido respuestas oficiales, lo cual limita el seguimiento efectivo a estas problemáticas.
Durante los primeros cien días de actividad legislativa desde noviembre pasado, la diputada también presentó dos minutas de comunicación relevantes. Entre ellas destaca una relacionada con la inhabilitación del candidato a gobernador Mario Cossío. La justificación para esta decisión se basó en declaraciones públicas del candidato sobre su residencia en Tarija pese a contar con estatus de refugiado político, situación que generó cuestionamientos legales sobre su elegibilidad.
En conjunto, estas acciones reflejan un compromiso legislativo enfocado tanto en defender los recursos naturales y derechos colectivos como en atender demandas sociales e institucionales específicas. La receptividad inicial hacia sus proyectos indica un avance significativo dentro del trámite parlamentario, aunque todavía resta por ver cómo se consolidarán estas iniciativas frente al debate político y las distintas presiones sociales involucradas. Para las comunidades afectadas por estas decisiones legislativas, especialmente aquellas ligadas a Tariquía o al sector agropecuario, estos esfuerzos representan una posibilidad concreta para incidir en políticas públicas más justas y sostenibles
