Una significativa controversia financiera ha emergido en el barrio Virgen de Fátima de Tarija, donde la directiva vecinal recientemente posesionada ha denunciado la retención de 140.000 bolivianos por parte de la gestión anterior. Estos fondos, generados a través de contribuciones de los propios residentes y del uso de las instalaciones deportivas del barrio, son ahora el centro de una disputa que obstaculiza el inicio de las actividades de la nueva administración.
La acusación principal apunta a la negativa de la directiva saliente a entregar la totalidad de los recursos. Aunque se ha logrado la restitución de 70.000 bolivianos por parte de uno de los exmiembros, los restantes 70.000 bolivianos permanecen sin ser devueltos. Esta situación ha generado un considerable malestar entre los vecinos y la nueva directiva, quienes señalan a figuras clave de la gestión precedente, incluyendo a Janeth Miranda y Adela Chávez, por su presunta negativa a ceder el control y los fondos, sugiriendo una posible complicidad con Lirio Claros.
La directiva entrante ha manifestado que la falta de acceso a estos recursos, sumada a presuntas acciones de sabotaje como el ingreso no autorizado al centro comunitario, impide el desarrollo de sus funciones y la implementación de proyectos en beneficio del barrio. La comunidad exige con urgencia la recuperación de estos fondos para que puedan ser destinados al progreso local, calificando la situación de inaceptable y demandando una rendición de cuentas transparente.
En este contexto, la Federación de Juntas Vecinales de Tarija ha expresado su respaldo a la nueva directiva. Celestino Barro, presidente de la Federación, ha clarificado el procedimiento que llevó a la inhabilitación de la directiva saliente. Explicó que, de acuerdo con los estatutos de la Federación, cualquier directiva que aspire a una reelección debe presentar un informe económico que sea debidamente aprobado por la junta vecinal. Dado que el informe de la directiva saliente no obtuvo dicha aprobación, sus miembros quedaron automáticamente excluidos del proceso electoral.
Un comité electoral independiente se encargó de organizar y supervisar las elecciones, asegurando un proceso transparente y estableciendo requisitos claros para los postulantes, como la titularidad de la vivienda. Como observador del proceso, Barro confirmó la inhabilitación de la directiva anterior al no cumplir con el requisito de aprobación de su informe. Ahora, con la nueva directiva debidamente posesionada, la exigencia de una rendición de cuentas completa y la recuperación de los 140.000 bolivianos se ha convertido en una prioridad para asegurar la operatividad y el desarrollo del barrio.
Este conflicto subraya la crítica importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos comunitarios. La falta de mecanismos de control interno robustos en las organizaciones barriales puede derivar en disputas que, como en este caso, amenazan con paralizar iniciativas esenciales para el bienestar y el avance de la comunidad
