Los pronunciamientos realizados por Ruth Nina Junachi, quien preside el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), durante un encuentro de simpatizantes del expresidente en Lauca Ñ el sábado 12 de julio, han desatado una considerable controversia. Estas manifestaciones han generado una oleada de censuras y denuncias formales por parte de diversos actores e instituciones.
Romer Saucedo, titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitó ayer que se actúe con firmeza y drasticidad contra la dirigente. Esta petición surge a raíz de sus afirmaciones de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno contarían muertos en lugar de votos en las próximas elecciones generales. Además de exhortar al Ministerio Público a iniciar acciones penales, el magistrado cuestionó severamente el contenido de las declaraciones de Nina, considerándolas inaceptables en una sociedad democrática.
Desde la sede de Gobierno, en el marco de las festividades cívicas del departamento paceño, Saucedo declaró públicamente: Le diría que acuda a Dios con sus problemas y le pida perdón, porque no es concebible hablar de contar fallecidos en una sociedad civilizada. El presidente del TSJ también subrayó que, si la Fiscalía emite una orden de aprehensión, se debe aplicar todo el peso de la ley. Añadió que los jueces deben proceder con rigor ante declaraciones que, a su juicio, incitan a la sedición y buscan generar violencia. Concluyó su intervención, aludiendo al tono del discurso de Nina, sugiriendo que debería visitar a un psicólogo.
Adicionalmente, las manifestaciones de la dirigente política, aliada del exmandatario, han derivado en la presentación de al menos dos denuncias formales ante el Ministerio Público. La primera fue interpuesta en Santa Cruz por la diputada opositora Luisa Nayar, y la segunda, en Cochabamba, por Leonilda Galindo, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Nayar, legisladora de Comunidad Ciudadana (CC), formalizó el lunes una denuncia penal contra Nina en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz. Esta acción busca el procesamiento de la líder de PAN-Bol por los delitos de instigación pública a delinquir, amenazas, coacción electoral y obstaculización de procesos electorales. La segunda denuncia, presentada por la representante del Conade, añade el delito de terrorismo. Asimismo, se ha anunciado una tercera denuncia desde La Paz, aunque aún no ha sido confirmada oficialmente.
En relación con la jurisdicción, Luis Carlos Torrez, el fiscal departamental de La Paz, informó que el Ministerio Público se encuentra analizando las denuncias y valorando la competencia territorial para dar inicio a las investigaciones. Explicó que será fundamental establecer con precisión el lugar donde Nina realizó las declaraciones para determinar la sede del proceso judicial. La autoridad fiscal manifestó que es necesario considerar diversos aspectos, como el sitio donde se produjo la declaración de esta ciudadana, para definir la jurisdicción en la que se debe iniciar la investigación.
El rechazo a las declaraciones de la dirigente también se ha manifestado desde el ámbito cívico. Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, criticó duramente la postura de Nina y desafió a la aliada del expresidente a ratificar sus palabras ante un juez. El líder cívico acusó a la presidenta de PAN-Bol de intentar interrumpir el proceso electoral en beneficio del exmandatario, a quien calificó de delincuente y terrorista, recordando que en 2019, la propia Nina exigía que este no fuera candidato a la presidencia.
En la capital cruceña, los concejales Maykol Negrette y Marcelo Vidaurre, en representación del Concejo Municipal, también rechazaron las declaraciones de la dirigente política y destacaron el compromiso del legislativo municipal con la defensa de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza los derechos, deberes y la convivencia pacífica.
Previamente, varios candidatos de los frentes en contienda, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz y la Brigada Parlamentaria Cruceña ya habían expresado su desaprobación a las declaraciones de Nina.
Mientras las críticas se intensifican y las querellas se formalizan, la situación de Ruth Nina se complejiza en medio de una creciente presión pública e institucional para que sus declaraciones sean sancionadas con severidad. No obstante, la presidenta de PAN-Bol ha reafirmado su postura al respecto e incluso ha lanzado un desafío a que la encarcelen
