En un giro dramático de los acontecimientos, un grupo de personas con discapacidad protagonizó una protesta inusual frente a la sede del gobierno regional, como medida de presión ante la discusión de una propuesta legislativa de emergencia económica. Los manifestantes, pertenecientes a una federación del sector, llevaron a cabo una singular forma de protesta, encadenándose a los árboles ubicados en el frontis de la institución gubernamental.
Según declaraciones de Moisés Choque, líder de este grupo, la acción busca exigir la retirada definitiva del mencionado proyecto de ley del debate parlamentario. Choque expresó su desconfianza ante la comunicación emitida por el gobernador regional, argumentando que, en lugar de solicitar la eliminación del proyecto, la carta solo pide que se posponga su tratamiento legislativo, lo que, a juicio del dirigente, deja abierta la posibilidad de su aprobación en un futuro cercano.
El representante de los movilizados negó rotundamente haber mantenido diálogo alguno con autoridades del gobierno regional previo a la radicalización de las medidas. En este sentido, advirtió que, de no obtener una respuesta favorable a su demanda principal, consistente en el retiro total del proyecto de ley, contemplan escalar la protesta a niveles aún mayores, mencionando la posibilidad de llevar a cabo una manifestación de alto impacto en una estructura peatonal de la ciudad.
Choque también recordó que el colectivo de personas con discapacidad ya ha realizado concesiones significativas en relación a los beneficios que perciben. Señaló que, en un contexto de dificultades económicas, aceptaron una reducción en la cantidad de paquetes alimentarios anuales, pasando de doce a siete, como muestra de comprensión ante la situación financiera del departamento.
En contraposición a las demandas y acciones de los manifestantes, la dirección del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), a través de su principal responsable, María Esther Valencia Vasco, descalificó la protesta, atribuyéndola a motivaciones políticas y vinculándola con el Movimiento al Socialismo (MAS). Valencia argumentó que la federación movilizada no cuenta con el reconocimiento legal pertinente, a diferencia de otra organización del sector con la que sí mantienen canales de comunicación y trabajo conjunto.
La funcionaria añadió que la administración regional está colaborando con la federación que considera legítima en la revisión y depuración del padrón de beneficiarios de programas sociales destinados a personas con discapacidad. El objetivo de esta iniciativa, según Valencia, es identificar y excluir a individuos que no cumplen con los requisitos para acceder a estos beneficios, incluyendo a quienes simulan una discapacidad o provienen de otras regiones. En este contexto, manifestó su sorpresa ante la protesta, insistiendo en que responde a una agenda política impulsada por sectores afines al MAS.
Ante el anuncio de posibles acciones de protesta de mayor envergadura, la directora del Sedeges restó importancia a las advertencias, calificándolas de show político. Valencia reiteró la postura del gobierno regional, basada en la comunicación enviada a la asamblea legislativa, y expresó su confianza en que el proyecto de ley en cuestión no será objeto de tratamiento parlamentario. Finalmente, sugirió que la movilización podría estar siendo alentada por asambleístas de oposición con el objetivo de generar inestabilidad y erosionar la imagen de la gestión gubernamental actual
