El presidente Donald Trump ha anunciado un ambicioso y controvertido plan para establecer un nuevo arancel global del 10%, una medida que se produce en medio de una compleja disputa legal que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. La máxima instancia judicial del país dictaminó recientemente que Trump había excedido su autoridad al imponer derechos aduaneros bajo la premisa de una emergencia nacional, lo que ha generado un fuerte debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
La controversia se centra en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que el gobierno Trump había utilizado para justificar la imposición de aranceles generalizados a las importaciones. Sin embargo, la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres disidentes, concluyó que dicha ley no otorga al presidente la facultad para imponer aranceles sin la autorización expresa del Congreso. Esta decisión pone en entredicho uno de los pilares de la política comercial impulsada por Trump, quien desde su primer mandato ha empleado los aranceles como herramienta negociadora y elemento central de su estrategia “Estados Unidos primero”.
A pesar del revés judicial, Trump no dio señales de retroceder y anunció que su administración buscará ampararse en otras normativas legales, principalmente el código comercial aprobado en 1974, para continuar gravando las importaciones. Este planteamiento abre un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre quién tiene la competencia para regular el comercio exterior y establecer tarifas aduaneras. La respuesta del mandatario fue enérgica: se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia y cuestionó la imparcialidad de algunos jueces, señalándolos como influenciados por intereses extranjeros. Esta acusación refleja la tensión política subyacente en un caso que tiene implicaciones directas sobre el control del comercio internacional y las relaciones diplomáticas.
El impacto económico inmediato también es motivo de incertidumbre. Trump reconoció que no está claro si tendrá que reembolsar los aproximadamente 140.000 millones de dólares recaudados por estos aranceles hasta 2025, ya que este aspecto no fue abordado por la Corte Suprema. Esto significa que podrían desatarse años de litigios adicionales para resolver esta cuestión financiera, lo cual añade complejidad a un panorama ya complicado.
La postura disidente dentro del tribunal estuvo representada por el juez Brett Kavanaugh, quien advirtió sobre las posibles complicaciones legales y administrativas derivadas del fallo mayoritario. Su preocupación radica en que este proceso podría convertirse en un “desbarajuste”, evidenciando el desafío que supone delimitar los poderes presidenciales frente a las prerrogativas congresionales.
Actualmente, Estados Unidos mantiene una tasa arancelaria media cercana al 16,8%, incluyendo gravámenes específicos a sectores como automotriz, acero y aluminio, los cuales no fueron afectados directamente por esta sentencia. Durante su primer mandato entre 2017 y 2021, Trump ya había comenzado a utilizar estas tarifas como palanca para renegociar acuerdos comerciales y presionar a socios estratégicos. Tras su regreso al poder en enero de 2025, intensificó esta política mediante el uso ampliado de la IEEPA para imponer nuevos gravámenes prácticamente a todos los socios comerciales estadounidenses.
Además de razones estrictamente comerciales, algunos aranceles especiales fueron aplicados bajo justificaciones vinculadas al narcotráfico y la inmigración hacia países como México, Canadá y China. En otro ámbito geopolítico, Trump empleó esta legislación para presionar a naciones involucradas en conflictos bélicos; incluso atribuyó a estas medidas haber contribuido a resolver ocho disputas internacionales prolongadas durante 2025, como el caso entre Tailandia y Camboya. No obstante, la Corte Suprema señaló con claridad que si el Congreso hubiera querido otorgar al presidente poderes tan amplios para imponer aranceles mediante la IEEPA lo habría hecho explícitamente, siguiendo el precedente establecido en otras leyes comerciales.
La reacción en los mercados financieros fue inmediata: tras abrir con pérdidas moderadas este viernes, los principales índices bursátiles estadounidenses respondieron positivamente al anuncio judicial; el Dow Jones Industrial Average experimentó un incremento del 0,3% mientras que el Nasdaq avanzó un punto porcentual. Sin embargo, esta noticia se suma a un contexto macroeconómico menos favorable: Estados Unidos reportó un crecimiento económico del 2,2% durante 2025, cifra inferior al 2,8% registrado el año previo.
Cabe recordar que antes del pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema hubo decisiones previas relevantes: un tribunal comercial federal había dictaminado en mayo pasado que Trump se había excedido con sus gravámenes generalizados e incluso bloqueó temporalmente su aplicación; sin embargo dicha sentencia quedó suspendida mientras se resolvía la apelación presentada por el gobierno.
En el ámbito internacional las reacciones no se hicieron esperar. La Unión Europea manifestó estar evaluando cuidadosamente las implicancias del fallo judicial estadounidense mientras que la Cámara de Comercio canadiense calificó esta resolución como un “reajuste” necesario pero anticipó posibles medidas más firmes ante futuras disputas comerciales con Estados Unidos. Su presidenta advirtió sobre mecanismos más contundentes con impactos potencialmente amplios y perturbadores para Canadá.
En contraste con las posiciones gubernamentales republicanas encabezadas por Trump, los legisladores demócratas aprovecharon esta coyuntura para criticar duramente las políticas económicas implementadas durante su gestión. A menos de diez meses para las elecciones legislativas parciales cruciales para definir mayorías parlamentarias clave para controlar políticas futuras, señalaron que las estrategias basadas en aranceles intermitentes e impredecibles han generado incertidumbre significativa tanto dentro como fuera del país.
En definitiva, esta resolución judicial representa un momento crítico en la definición del equilibrio entre poderes dentro del sistema político estadounidense y marca una nueva etapa en las complejas relaciones comerciales internacionales donde Estados Unidos juega un papel preponderante. Las consecuencias inmediatas afectan no solo a Washington sino también a sus aliados estratégicos y socios económicos globales quienes deberán adaptarse ante posibles cambios regulatorios mientras observan atentamente cómo se desarrollará este enfrentamiento institucional cuya resolución podría tardar años todavía
