En su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó una extensa intervención para resaltar los avances económicos alcanzados durante su Administración, al tiempo que generó un clima de incertidumbre respecto a la dirección futura de la política comercial estadounidense. Con una duración récord de 107 minutos, la alocución ante una sesión conjunta del Congreso se convirtió en un escenario para reafirmar sus logros y defender las medidas arancelarias recientemente adoptadas, a pesar de las dificultades legales y políticas que enfrentan.
Trump no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente la reciente decisión del Tribunal Supremo, que semanas atrás invalidó parte de sus denominados “aranceles recíprocos”. Esta resolución judicial representó un revés importante para el mandatario republicano, quien calificó la sentencia como “desafortunada”. En respuesta inmediata, ese mismo día firmó una orden ejecutiva que entró en vigor justo el martes siguiente, estableciendo un nuevo conjunto de gravámenes globales del 10% sobre ciertas importaciones. Esta maniobra ha sido interpretada como un intento de sortear los obstáculos legales y continuar con su estrategia proteccionista.
Durante su discurso, Trump sostuvo que estos nuevos aranceles son “más complejos” pero también “probablemente mejores”, anticipando que conducirán a una solución más sólida para el país. Sin embargo, lo más llamativo fue su afirmación de que no será necesaria la aprobación del Congreso para mantener estos gravámenes vigentes. Esta declaración genera una tensión significativa con el poder legislativo, ya que el marco legal vigente —la sección 122 de la ley de comercio de 1974— establece que tales aranceles solo pueden aplicarse durante un máximo de 150 días sin consentimiento del Congreso. La mayoría republicana en ambas cámaras es estrecha y podría no garantizar un respaldo fácil a estas medidas.
Al sugerir que no buscará el aval del legislativo para esta nueva fase en política comercial, Trump desafía directamente las competencias constitucionales y abre interrogantes sobre cómo se desarrollará esta confrontación institucional. Además, fue más allá al plantear una visión donde los aranceles podrían sustituir impuestos tradicionales sobre la renta pagados por los ciudadanos estadounidenses. Según su planteamiento, los gravámenes aduaneros serían recaudados por países extranjeros y aliviarían así la carga fiscal interna. Esta propuesta resulta controvertida especialmente después del fallo del Tribunal Supremo que reafirmó que los aranceles son una forma de tributación cuya potestad corresponde exclusivamente al Congreso.
En otro tramo del discurso, Trump aprovechó para reprochar a su predecesor demócrata Joe Biden por lo que describió como una herencia negativa: una nación en crisis con alta inflación y fronteras abiertas. A partir de este diagnóstico inicial, el presidente destacó varios indicadores económicos favorables bajo su Administración. Sin embargo, algunas afirmaciones fueron cuestionables; por ejemplo, aseguró haber reducido la inflación subyacente a niveles mínimos en cinco años. Si bien es cierto que la inflación mostró señales de moderación en su primer año tras regresar al poder en 2025, las cifras aún permanecen algo elevadas comparadas con años previos a la pandemia.
En materia tecnológica e infraestructura energética, Trump anunció medidas destinadas a contener los costos eléctricos vinculados al auge de inversiones en inteligencia artificial. Propuso obligar a las empresas involucradas a instalar sus propias centrales eléctricas con el objetivo declarado de evitar incrementos regionales en precios energéticos —un tema sensible dada la persistente preocupación ciudadana por el costo de vida elevado.
El mandatario también destacó logros como la reducción en los precios de medicamentos mediante presiones sobre farmacéuticas basadas en el principio internacional conocido como “nación más favorecida”. Asimismo solicitó al Congreso convertir en permanente una prohibición relacionada con fondos financieros adquiriendo viviendas unipersonales dentro del país.
Este discurso adquiere particular relevancia considerando que se produce en un momento político crucial: las elecciones legislativas intermedias se acercan y los republicanos están luchando por mantener sus ajustadas mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. La popularidad del presidente ronda el 40%, cifra menor desde su retorno al poder en enero de 2025, lo cual suma presión sobre su partido para consolidar apoyos y avanzar con sus propuestas.
En conclusión, este mensaje presidencial no solo sirvió para ensalzar resultados económicos sino también para marcar líneas firmes sobre futuras políticas comerciales y fiscales. La insistencia en implementar nuevos aranceles sin consenso legislativo anticipa un período de confrontaciones entre Ejecutivo y Congreso con implicancias directas para empresas importadoras y consumidores estadounidenses. Además pone sobre la mesa debates fundamentales acerca del equilibrio entre poderes constitucionales y las herramientas económicas usadas por el gobierno federal para enfrentar retos nacionales e internacionales
