El reciente proceso de revisión judicial en las cárceles de Tarija ha generado una profunda desilusión entre los reclusos con medidas personales. Lo que inicialmente se percibió como una oportunidad para obtener beneficios sustitutivos a la detención, se ha transformado en una frustración generalizada para la mayoría de los internos.
De los 586 individuos bajo detención preventiva en el penal de Morros Blancos, solo dos lograron acceder a una medida alternativa. Este escaso número deja a la inmensa mayoría en su situación original, sin perspectivas de mejorar su condición o de recuperar su libertad. La información revela que, si bien se había elaborado una lista de 15 reclusos para posibles beneficios, la visita judicial no produjo los resultados esperados.
Estas revisiones carcelarias se enmarcan en directrices del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo objetivo principal es mitigar el alarmante hacinamiento en los centros penitenciarios. Sin embargo, en Tarija, la situación lejos de mejorar, se agrava, con una población carcelaria que supera los 1.252 hombres y 97 mujeres, muchos de los cuales enfrentan la carencia de un lugar adecuado para dormir. La instrucción era revisar casos de detenciones preventivas que excedían los plazos máximos establecidos, pero la esperanza de los detenidos se vio truncada.
La principal razón detrás de la ínfima cantidad de beneficiados radica, según los propios afectados, en las condiciones excesivamente restrictivas impuestas para las medidas sustitutivas, las cuales resultan prácticamente imposibles de cumplir. Un ejemplo elocuente es el de un recluso del penal de El Palmar, en el Gran Chaco, quien, pese a estar detenido por un robo agravado de 5.000 bolivianos, se le fijó una fianza de 100.000 bolivianos, una suma que, evidentemente, escapa a sus posibilidades. Esta situación ha llevado a la población carcelaria a declarar un estado de emergencia y a considerar la adopción de acciones más contundentes.
Desde la perspectiva de entidades defensoras de derechos humanos, la actuación de las autoridades judiciales parece orientarse más a cumplir formalmente con las directrices emanadas de Sucre, que a una aplicación responsable y humanitaria de la justicia. Este enfoque ha exacerbado el hiper-hacinamiento, generando un ambiente de alta peligrosidad dentro de las prisiones. La gravedad del problema se ilustra con el caso de un joven recluso que se vio obligado a dormir bajo un árbol durante un mes entero por la ausencia de espacio. Se observa una aplicación literal de la ley, desprovista de un sentido común humanitario.
Es fundamental recordar que los reclusos no son meros expedientes; son seres humanos. Más del 90% de la población carcelaria vive en condiciones calificadas como degradantes, humillantes e inhumanas. Recientemente, se conmemoró el Día Nacional del Privado de Libertad, una fecha en la que los internos desarrollaron diversas actividades, a pesar del estado de emergencia que enfrentan, evidenciando la percepción de que en Tarija no se están aplicando eficazmente las directrices del Tribunal Supremo de Justicia
