El proceso de licitación para la impresión de papeletas electorales destinadas a las elecciones subnacionales previstas para 2026 se inició formalmente el 21 de enero de este año, marcando un paso clave en la organización del evento electoral a nivel nacional. Este llamado atrajo la participación de tres empresas interesadas en asumir la responsabilidad de imprimir las papeletas: dos firmas privadas y la Editorial del Estado Plurinacional. Sin embargo, tras una revisión exhaustiva de los documentos presentados, se determinó que la empresa estatal no cumplía con los requisitos estipulados en el proceso, lo que derivó en su descalificación.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de supervisar y garantizar la transparencia y eficiencia en todos los aspectos relacionados con los comicios, fue quien verificó el cumplimiento documental. En el acta y el informe emitido por la unidad solicitante, se evidenció que la propuesta presentada por la Editorial del Estado Plurinacional no satisfacía ciertas condiciones esenciales para avanzar en el concurso. Específicamente, esta entidad estatal no presentó varios documentos obligatorios, entre ellos el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), el Sistema Integrado de Gestión Empresarial Pública (SIGEP) y la garantía de cumplimiento. Estos elementos son imprescindibles para validar una oferta y permitir que los proponentes puedan competir en la fase siguiente, que consiste en la pugna por precios.
La ausencia de estos documentos habilitantes resultó determinante para que la Editorial fuera excluida del proceso licitatorio. Esta situación es relevante porque implica que una empresa estatal, involucrada tradicionalmente en tareas editoriales y gráficas vinculadas al Estado, quedó fuera de un contrato significativo para las elecciones venideras. La descalificación abre espacio para que empresas privadas asuman un rol preponderante en una función crítica como es la impresión del material electoral.
En cuanto al volumen total del trabajo contratado, el TSE tiene previsto producir aproximadamente 7,7 millones de papeletas electorales que serán distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. El material estará compuesto por 54 tipos diferentes de papeletas, adaptadas a las particularidades electorales específicas de cada uno de los nueve departamentos. Esta diversidad responde a las distintas categorías y cargos que serán elegidos en cada región durante las elecciones subnacionales.
El presupuesto asignado por el Estado para este proceso asciende a 11,5 millones bolivianos destinados exclusivamente a este trabajo editorial y gráfico. Debido a la complejidad y magnitud del pedido, así como a limitaciones operativas o estratégicas, se decidió dividir el contrato en dos grupos o lotes diferentes. Esta división busca optimizar recursos y garantizar mayor eficiencia en la producción y distribución del material electoral.
En paralelo al proceso relacionado con las papeletas electorales impresas en papel, también se licitó la fabricación del material complementario hecho en cartón necesario para las actividades logísticas y operativas durante las elecciones. Este material incluye ánforas donde se depositan los votos emitidos, mamparas destinadas a garantizar privacidad durante la votación y ‘maletas electorales’ diseñadas para transportar todo este conjunto logístico con seguridad hacia los centros de votación.
En este segmento específico del proceso licitatorio sí logró calificar una empresa estatal: Cartonbol. Esta compañía presentó todas las documentaciones requeridas conforme a lo estipulado por el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes), incluyendo los registros formales y garantías necesarias para competir legalmente. De hecho, Cartonbol fue la única proponente registrada en Sicoes para esta categoría particular dentro del contrato global.
El Tribunal Supremo Electoral destinó un presupuesto específico cercano a los 3,5 millones bolivianos (Bs 3.523.094) exclusivamente para cubrir la fabricación de estos cuatro tipos diferentes de materiales elaborados con cartón. La adjudicación recayó sobre Cartonbol dada su presentación completa y cumplimiento cabal con los requisitos legales exigidos.
Este escenario pone en evidencia una dinámica interesante dentro del proceso electoral boliviano: mientras que algunas etapas críticas como la impresión directa de papeletas quedan ahora bajo responsabilidad privada debido al incumplimiento documental estatal, otras áreas logísticas esenciales permanecen bajo gestión empresarial pública con Cartonbol al frente. La combinación entre actores privados y estatales refleja tanto desafíos administrativos como estrategias orientadas a asegurar que todos los elementos materiales estén listos oportunamente para garantizar unas elecciones transparentes y organizadas.
En definitiva, esta licitación representa un paso fundamental hacia la preparación integral del sistema electoral subnacional previsto para 2026. La correcta elaboración e impresión tanto del material impreso como logístico es indispensable para asegurar que el derecho al voto se ejerza libremente bajo condiciones óptimas. El seguimiento riguroso por parte del TSE sobre el cumplimiento normativo es clave para fortalecer procesos democráticos confiables frente a toda la ciudadanía boliviana involucrada directa o indirectamente en estos comicios regionales cruciales
