El vicepresidente Edmand Lara ha comunicado su intención de promover una denuncia penal relacionada con la comercialización de gasolina que, según diversas denuncias provenientes de varios sectores, habría causado daños en los motores de vehículos. Esta medida surge tras la preocupación manifestada por los usuarios afectados y busca establecer responsabilidades legales claras frente a lo que se considera un perjuicio económico y técnico significativo.
En una declaración realizada el lunes, Lara informó que ya ha solicitado información detallada al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la entidad estatal encargada del suministro y control de combustibles. Esta solicitud tiene como propósito recabar todos los datos necesarios para identificar a quienes están detrás de la venta de un combustible que no solo resultó ser costoso, sino también de una calidad deficiente que habría comprometido el buen funcionamiento de numerosos motores vehiculares.
El vicepresidente enfatizó que quienes hayan participado en esta cadena de comercialización deberán asumir las consecuencias legales correspondientes y responder ante la Justicia por los daños ocasionados. Asimismo, destacó la importancia de resarcir el perjuicio económico generado tanto al Estado como a los propietarios afectados, subrayando el compromiso gubernamental para proteger los intereses ciudadanos y garantizar la calidad en el suministro de combustibles.
Esta situación ha generado una preocupación considerable entre la población usuaria de vehículos, dado que el uso de gasolina adulterada o de mala calidad puede derivar en fallas mecánicas costosas y riesgos operativos. La reacción del Ejecutivo refleja un esfuerzo por abordar con firmeza estos problemas, buscando no solo sancionar a los responsables sino también evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Paralelamente a esta iniciativa judicial, se informó que el Gobierno activará un seguro solidario destinado a atender los daños causados en vehículos por la denominada gasolina “desestabilizada”. Esta medida complementaria apunta a brindar apoyo directo a quienes han sufrido pérdidas materiales, facilitando mecanismos para reparar o mitigar los perjuicios derivados del consumo del combustible afectado.
En conjunto, estas acciones reflejan una respuesta integral frente al problema detectado en el mercado de combustibles, donde se conjugan aspectos legales, económicos y sociales. El seguimiento a esta denuncia penal será clave para esclarecer responsabilidades y establecer precedentes en materia de control y regulación del suministro energético en beneficio del consumidor final y del interés público
