La propuesta del 50-50, presentada como eje central de la campaña del presidente Rodrigo Paz, ha emergido como uno de los temas más delicados y disputados en el escenario electoral que se avecina el 22 de marzo. Este planteamiento, concebido como un nuevo pacto para la redistribución fiscal entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas, inicialmente fue recibido como un compromiso político de alto impacto destinado a fortalecer la autonomía financiera de las regiones. Sin embargo, con el avance del proceso electoral, la iniciativa enfrenta crecientes cuestionamientos, exigencias públicas y una tensión palpable entre el discurso electoral y las limitaciones presupuestarias reales.
La propuesta del 50-50 se ha convertido en el núcleo discursivo para varios candidatos en Santa Cruz, quienes han enfatizado que la mejora sustancial en sectores clave como salud, educación e infraestructura depende directamente de una aplicación efectiva y concreta de esta redistribución de recursos. La narrativa predominante entre estos aspirantes a la Gobernación y a diversas alcaldías sostiene que sin un cambio estructural en la distribución presupuestaria, las regiones continuarán enfrentando restricciones significativas que obstaculizan su desarrollo y capacidad de respuesta a las necesidades ciudadanas.
No obstante, esta visión optimista sobre la implementación del 50-50 fue matizada por declaraciones recientes de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, quien aclaró que dicha fórmula no constituye una solución inmediata ni una “billetera libre” para los municipios y gobernaciones. Según su explicación, se trata de un proceso complejo que requiere una corresponsabilidad clara entre los niveles de gobierno, una redefinición precisa de competencias y ajustes fiscales que garanticen la sostenibilidad del sistema. Barrientos puntualizó que no se trata simplemente de transferir automáticamente el 50% de los recursos recaudados al nivel subnacional, sino que es necesario evaluar las capacidades reales de cada entidad territorial para administrar esos fondos con eficacia.
Además, la viceministra destacó que algunas municipalidades grandes cuentan con miles de funcionarios y estructuras administrativas complejas; por ende, un incremento abrupto en sus ingresos no garantiza que puedan asumir inmediatamente mayores responsabilidades en áreas tan sensibles como salud o educación. También advirtió sobre las cargas financieras existentes en muchas entidades subnacionales, quienes arrastran deudas significativas con empresas privadas, organismos estatales e incluso internacionales; estas obligaciones limitan su margen operativo y dificultan la absorción rápida de recursos adicionales.
Estas aclaraciones generaron reacciones inmediatas en el ámbito político regional. El gobernador cruceño y candidato a la reelección Luis Fernando Camacho expresó su desacuerdo con esta interpretación técnica del 50-50. Para él, este acuerdo fue un compromiso directo con las regiones y no una propuesta condicionada ni sujeta a reinterpretaciones posteriores. Camacho insistió en que al solicitar el voto se planteó una redistribución clara y concreta de recursos fiscales y no explicaciones técnicas destinadas a diluir lo prometido durante la campaña. Además, resaltó que Santa Cruz ha demostrado capacidad para gestionar eficazmente los recursos asignados y que lo que realmente necesita son fondos justos para continuar impulsando su desarrollo.
El gobernador también hizo hincapié en que si el Gobierno central realmente cree en la autonomía departamental y municipal debe respaldarla mediante decisiones firmes y transparentes, evitando ambigüedades o matices que retrasen soluciones urgentes. Enfatizó que esta redistribución fiscal no puede estar supeditada a cálculos políticos ni a procesos administrativos prolongados que postergan respuestas concretas a las demandas regionales.
Por otro lado, Juan Pablo Velasco, candidato por Libre a la Gobernación cruceña, manifestó preocupación porque los ciudadanos perciban contradicciones entre lo prometido durante la campaña electoral y lo expresado posteriormente por autoridades nacionales. Velasco señaló que mientras se plantea un incremento en los recursos para las regiones durante el proceso electoral, luego se traslada la responsabilidad hacia los municipios bajo argumentos técnicos o presupuestarios. En este sentido pidió al Gobierno presentar un cronograma claro y transparente para implementar gradualmente el 50-50 si es necesario hacerlo por etapas. Además alertó sobre los riesgos políticos e institucionales si esta discusión técnica permanece indefinida sin avances concretos.
El Comité pro Santa Cruz también se sumó a las críticas institucionales dirigidas hacia las declaraciones oficiales provenientes del Ministerio de Autonomías. Este organismo cívico acusó a Barrientos de contradecir el espíritu original del pacto fiscal propuesto e incluso solicitó su renuncia ante lo que calificaron como un manejo inadecuado del tema estratégico para Santa Cruz. La controversia escaló rápidamente tanto en redes sociales como en pronunciamientos públicos diversos.
En respuesta a esta presión política creciente, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado oficial reconociendo un “error de comunicación” por parte de Barrientos al expresar ciertos conceptos interpretados como contradictorios con la posición política e institucional del Gobierno nacional. El documento reafirmó el compromiso gubernamental por avanzar hacia un modelo autonómico basado en el respeto mutuo hacia las regiones y en una corresponsabilidad clara entre niveles territoriales. Además aclaró que el Viceministerio de Autonomías tiene funciones principalmente orientadas a coordinar políticas públicas e impulsar armonización normativa más no ejercer control político directo sobre entidades subnacionales.
Más allá del episodio puntual generado por esta controversia comunicacional, queda expuesta una tensión estructural profunda entre las promesas electorales vinculadas al 50-50 y la realidad fiscal vigente del país. Este planteamiento sintetiza una aspiración histórica largamente demandada: lograr mayor autonomía financiera real para departamentos y municipios mediante una redistribución equitativa pero sostenible. Sin embargo, su implementación efectiva requiere revisiones profundas al pacto fiscal vigente así como ajustes constitucionales sobre competencias específicas asignadas a cada nivel territorial.
Asimismo implica garantizar sostenibilidad presupuestaria desde una perspectiva macroeconómica nacional sin poner en riesgo finanzas públicas globales ni generar desequilibrios fiscales locales insostenibles. También demanda considerar capacidades administrativas diferenciadas entre municipios grandes con estructuras complejas frente a municipios pequeños con limitaciones operativas evidentes.
A escasas semanas antes del día decisivo para definir nuevas autoridades departamentales y municipales, este debate redefine claramente uno de los ejes centrales alrededor del cual giran actualmente las campañas políticas autonómicas: mientras candidatos utilizan el 50-50 como herramienta discursiva para proyectar expansión inmediata o futura de recursos destinados al desarrollo regional; desde el Ejecutivo nacional se insiste en plantear esta reforma fiscal bajo criterios técnicos orientados hacia gradualidad progresiva acompañada por corresponsabilidad institucional.
En este contexto aparece también otro dilema político fundamental: si diferencias técnicas legítimas sobre cómo implementar adecuadamente esta redistribución justifican exigir renuncias o generar crisis políticas agudas durante un proceso electoral; o si por el contrario es preferible centrar esfuerzos conjuntos en definir mecanismos viables claros transparentes sostenibles para convertir esa promesa política inicial en realidad palpable para los ciudadanos.
La forma cómo se resuelva esta tensión marcará sin duda alguna el tono futuro del relacionamiento institucional entre Gobierno central y nuevas autoridades autonómicas electas; influirá también sobre expectativas ciudadanas acerca del grado real alcanzable para fortalecer autonomía financiera local sin poner en riesgo estabilidad fiscal nacional ni eficiencia administrativa pública integral. De esa manera quedará sentada una base fundamental para avanzar hacia modelos administrativos más democráticos inclusivos equilibrados capaces de responder efectivamente a demandas locales dentro del marco legal vigente
