Las elecciones generales, programadas para el próximo 17 de agosto, enfrentan un período de intensos desafíos legales. A pocas semanas de la jornada electoral, la Sala Constitucional Segunda de Santa Cruz ha recibido dos recursos judiciales que persiguen un objetivo común: la descalificación de candidaturas por el presunto incumplimiento de la obligación de renunciar a cargos públicos antes de formalizar su postulación.

El 23 de junio, el jurista Carlos Villarroel interpuso una demanda que busca la inhabilitación de cinco aspirantes a la presidencia: Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira. La acción legal sostiene que estos postulantes no habrían dimitido de sus funciones, contraviniendo lo establecido por la Constitución Política del Estado, y solicita su inmediata exclusión del proceso electoral.

Un día después, el diputado cruceño Henry Gutiérrez Farrel, quien forma parte de la alianza Creemos y es un aliado político de Reyes Villa, presentó una Acción de Cumplimiento contra Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral. En su recurso, Gutiérrez instaba a la descalificación de tres parlamentarias del Movimiento Al Socialismo: María José Rodríguez Gálvez, Lidia Tupa Zelaya y Miriam Martínez Michaga. El argumento esgrimido fue que estas legisladoras tampoco habrían abandonado sus cargos antes de inscribirse para buscar la reelección. El diputado había formalizado una denuncia previa, el 30 de mayo, ante el Tribunal Supremo Electoral, solicitando la exclusión de estas figuras del MAS. La acción judicial buscaba que la Sala Constitucional ordenara al vocal Hassenteufel cumplir con su deber y proceder con las inhabilitaciones.

Sin embargo, en un desarrollo sorpresivo, el diputado Gutiérrez presentó un memorial para retirar oficialmente su demanda contra el vocal electoral. El documento, firmado por el legislador y dirigido al presidente de la Sala Constitucional Segunda, argumenta que la unidad de Bolivia está por encima de cualquier situación personal y particular. Con esta acción, Gutiérrez solicitó el archivo del caso y la entrega de copias legalizadas de todas las actuaciones procesales. Este movimiento mitiga, al menos temporalmente, una de las controversias judiciales que amenazaban con generar mayor incertidumbre en la fase final del cronograma electoral.

El legislador no ha proporcionado detalles adicionales sobre su cambio de postura, aunque su entorno político mantiene una activa participación en la contienda. Su esposa, Nair Sánchez, es candidata a diputada por la alianza ASPB-Súmate en la circunscripción 47 de Santa Cruz.

Mientras tanto, la Sala Constitucional se prepara para resolver la demanda inicial en las próximas horas de este viernes, una decisión que podría determinar la elegibilidad de los cinco candidatos presidenciales

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