Las operaciones del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) se han visto interrumpidas debido a la ocupación de sus oficinas por un grupo de empleados. El director de la entidad ha manifestado públicamente que esta medida, llevada a cabo por trabajadores adheridos a un sindicato, está obstaculizando el desempeño de las responsabilidades públicas.
En respuesta a esta coyuntura, la administración de SEDECA ha formalizado una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La acusación se centra en el delito de impedir el ejercicio de funciones públicas, una conducta que la legislación vigente considera ilícita.
El máximo responsable de SEDECA calificó la ocupación de las instalaciones como un atentado contra la labor institucional y los derechos de la totalidad del personal. Subrayó que esta acción tiene un impacto directo en el progreso de las obras viales, las cuales son de vital importancia para el desarrollo del departamento.
Además, se hizo hincapié en que esta medida de fuerza no fue precedida por ninguna solicitud formal de diálogo ni por la presentación de peticiones a través de los conductos institucionales establecidos, lo que, según la dirección, agrava la gravedad de la situación.
La autoridad ha hecho un llamado a la sensatez y al acatamiento de las normativas. Reiteró la disposición de la institución para atender las preocupaciones del personal mediante un diálogo abierto, pero insistió en que no se tolerarán acciones que contravengan el marco legal y que paralicen servicios públicos de carácter esencial.
Se concluyó enfatizando que, si bien la protesta es un derecho legítimo, su ejercicio no puede realizarse en detrimento de la ley ni obstaculizando el funcionamiento de una entidad estatal que desempeña un papel fundamental en el progreso departamental
