Luis Iturralde Moreno, el empresario vinculado a la inmobiliaria implicada en el deslizamiento de mazamorra en La Paz, Bolivia, se encuentra bajo custodia en Perú mientras las autoridades bolivianas avanzan en el proceso de extradición en su contra.
La confirmación de esta situación fue realizada por el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, durante una rueda de prensa celebrada el miércoles.
El incidente ocurrió en la noche del 23 de noviembre en la zona de Bajo Llojeta, donde un deslizamiento de lodo afectó a aproximadamente 40 viviendas y resultó en la trágica muerte de una niña, quien quedó atrapada bajo los escombros.
Tanto el gobierno municipal de La Paz como los residentes afectados han señalado a la Inmobiliaria Kantutani S.A., responsable del Cementerio Los Andes, por supuestos movimientos de tierra irregulares que, tras las lluvias, provocaron el deslizamiento.
A raíz de esta tragedia, el Ministerio Público inició una investigación dos días después, bajo el cargo de “otros estragos y peligro de estragos con agravante”, según lo indicado por Torrez.
El martes, se informó que el propietario de la inmobiliaria había sido detenido en Chile tras haber salido de Bolivia a través de Perú. Según las autoridades, se emitió una alerta roja por parte de Interpol y la Policía Boliviana, lo que llevó a su retención en Chile y posterior regreso a Perú.
Torrez explicó que, en Perú, las autoridades migratorias ejecutaron el mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía boliviana. Actualmente, Iturralde se encuentra en el juzgado quinto penal de Callao, donde se están gestionando los informes necesarios a través de la Cancillería para proceder con la extradición.
Mientras tanto, en Bolivia, el equipo de fiscales encargado de la investigación del deslizamiento se reunió con el fin de agilizar el proceso de extradición. El fiscal Torrez destacó que en las próximas horas se solicitará formalmente ante las autoridades judiciales el trámite de extradición, con la expectativa de que este proceso avance rápidamente.
Además, la Fiscalía está preparando nuevas citaciones, y se ha confirmado que los alcaldes de La Paz y Achocalla, Iván Arias y Manuel Condori, respectivamente, serán llamados a declarar como testigos. Torrez enfatizó la necesidad de reunir más pruebas y testimonios, ya que estas autoridades poseen información valiosa que el Ministerio Público requiere para su análisis.
Por el momento, no se han emitido nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con el caso
