La propuesta legislativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados y actualmente en fase de análisis en el Senado, busca implementar cuotas de retención sobre la producción y comercialización de vinos y singanis. Esta iniciativa ha generado una profunda inquietud en el sector empresarial de Tarija.
Representantes de los gremios productivos, industriales, comerciales y de servicios del departamento han expresado su enérgico rechazo a la medida. Argumentan que el proyecto fue aprobado en Diputados de manera irregular, sin el necesario tratamiento técnico ni la debida consulta con los actores directamente involucrados en la cadena productiva.
La aplicación de esta normativa, de ser ratificada por el Senado, se percibe como un serio riesgo para la estabilidad y competitividad de la economía regional. Los empresarios advierten que su implementación conllevaría la pérdida de numerosos empleos, tanto directos como indirectos, en las regiones productivas y el valle central. Además, anticipan una contracción significativa de las inversiones y un freno a la innovación, con un impacto particularmente severo en pequeños productores y emprendimientos familiares.
Se estima que la medida afectaría directamente a más de 5,000 familias dedicadas al sector vitivinícola, lo que representa aproximadamente 20,000 personas cuya subsistencia depende de esta actividad económica. El empresariado tarijeño ha manifestado su firme determinación de no permitir que decisiones unilaterales, ajenas a la realidad productiva, pongan en peligro décadas de esfuerzo, inversión y desarrollo económico forjados por quienes generan empleo y apuestan por el crecimiento regional.
En este contexto, se ha instado a los senadores a detener de inmediato el proceso legislativo de esta propuesta. Asimismo, se ha hecho un llamado urgente a establecer un diálogo genuino con el sector productivo, con el objetivo de construir soluciones que fortalezcan la economía en lugar de penalizar a sus principales impulsores. La comunidad empresarial enfatiza que cualquier legislación que afecte a sectores estratégicos debe ser resultado de un consenso previo con los actores involucrados, en un marco de respeto institucional y seguridad jurídica. Desviarse de este principio, sostienen, solo genera incertidumbre y perjuicio económico para el país.
Los actores del rubro vitivinícola mantienen la expectativa de que los parlamentarios departamentales se pronuncien sobre este asunto, dada la trascendental importancia de esta industria para la economía de Tarija
