Un encuentro cívico nacional tuvo lugar en Santa Cruz, donde se elaboró una declaración que aborda varias problemáticas críticas del país, centrándose en la necesidad de una nueva distribución de ingresos y un pacto fiscal más equitativo.
Durante esta reunión, los líderes cívicos, entre ellos el presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira Martínez, manifestaron su rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda realizado el 23 de marzo. En su declaración, se denuncia la omisión de cientos de miles de ciudadanos, lo que se considera un agravio hacia la población boliviana en su conjunto. Esta situación, según el documento, limita el acceso justo y equitativo a los recursos fiscales que son esenciales para atender las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El movimiento cívico también solicitó la anulación de las leyes que consideran incendiarias, así como la derogación de decretos relacionados. Además, hicieron un llamado a declarar un estado de desastre nacional debido a los incendios que afectan la región oriental de Bolivia, con el fin de facilitar la llegada de ayuda internacional.
Entre los puntos destacados, se enfatizó la importancia de construir un pacto fiscal que permita una redistribución más justa de los recursos públicos, que actualmente se concentran en el gobierno central, afectando a departamentos, municipios y universidades.
Asimismo, expresaron su apoyo a la ciudad de Cochabamba en relación con el bloqueo en el acceso al relleno sanitario de K’ara K’ara, instando al diálogo y al consenso para proteger el medio ambiente y la salud pública.
El movimiento también reiteró su demanda de que se avance en la aprobación del proyecto de ley sobre el litio y los recursos evaporíticos, antes de firmar un contrato con la empresa Uranium One Group. Esta solicitud surge de la falta de socialización y consenso con los departamentos productores y la población boliviana, lo que ha llevado a advertir que respaldarán medidas de protesta si no se atienden sus demandas.
En otro aspecto, los cívicos hicieron hincapié en la necesidad de establecer una nueva Ley de Hidrocarburos que se ajuste a las realidades actuales de Bolivia, garantizando la inversión y la seguridad jurídica para la inversión privada.
Finalmente, instaron al presidente Luis Arce a cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como a atender de manera inmediata las necesidades de los diversos sectores de la población, que se sienten desatendidos debido a las luchas internas dentro del partido gobernante. También exigieron a la oposición que presente propuestas concretas para transformar el modelo económico y la administración del Estado, como parte de la carta firmada por los presidentes cívicos de los distintos departamentos
