Un reciente estudio de opinión pública revela un amplio respaldo ciudadano a la eliminación de la subvención estatal a la gasolina y al diésel, medida implementada con el objetivo de mejorar la situación económica nacional. La encuesta, realizada por IPSOS-Ciesmori para UNITEL, se enfocó en las principales ciudades capitales del eje central del país, además de la ciudad de El Alto, y se llevó a cabo entre el 16 y el 28 de enero. Con una muestra representativa de 400 personas y un margen de error de aproximadamente 4.9%, los resultados arrojan que un significativo 78% de los consultados manifiesta estar a favor de esta decisión gubernamental.
Este respaldo se cimenta principalmente en quienes expresaron estar “totalmente de acuerdo”, que representan un 60% del total encuestado, mientras que otro 18% manifestó estar “algo de acuerdo”. De esta manera, más de tres cuartas partes de los participantes consideran que la eliminación del subsidio a los combustibles es una medida necesaria para afrontar los retos económicos actuales. Por otro lado, quienes manifestaron desacuerdo con la medida suman un 13%, distribuidos entre un 7% “totalmente en desacuerdo” y un 6% “algo en desacuerdo”. Un segmento menor, equivalente al 9%, mantiene una postura neutral, sin inclinarse ni a favor ni en contra.
La relevancia de estos números cobra mayor dimensión cuando se analizan las opiniones por ciudad. En Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, se observa el mayor nivel de apoyo explícito: el 71% está “totalmente de acuerdo” con la eliminación del subsidio, mientras que otro 11% está “algo de acuerdo”. Esta suma implica que más del 80% en esa urbe respalda la medida. Asimismo, un pequeño porcentaje mantiene posiciones contrarias o neutrales, con un 7% que no se define ni a favor ni en contra y porcentajes reducidos que muestran desacuerdo.
El contexto en el cual se tomó esta decisión tiene antecedentes recientes; específicamente, la medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5516, emitido el pasado 13 de enero. La eliminación del subsidio busca aliviar las finanzas públicas y promover una economía más sostenible al ajustar el precio real del combustible sin intervención estatal directa. Este cambio puede tener repercusiones importantes tanto en el costo directo para los consumidores como en sectores productivos que dependen del uso intensivo del diésel y la gasolina.
El amplio respaldo ciudadano reflejado en esta encuesta puede interpretarse como una señal favorable para las autoridades encargadas de implementar políticas económicas estructurales. A pesar del posible impacto inicial sobre los precios internos y el costo de vida, la población parece comprender la necesidad de ajustes para estabilizar la economía nacional. En particular, este apoyo mayoritario puede facilitar la continuidad y profundización de reformas similares orientadas a corregir distorsiones fiscales y promover un desarrollo económico más equilibrado.
Por otra parte, es importante destacar que aunque existe una mayoría clara a favor, también hay una proporción significativa que expresa desacuerdo o neutralidad. Estos segmentos podrían representar sectores afectados directamente por el aumento en los precios del combustible o personas preocupadas por las consecuencias sociales y económicas inmediatas derivadas del cambio. La existencia de estas opiniones subraya la importancia de acompañar medidas económicas con estrategias sociales que mitiguen posibles efectos negativos sobre grupos vulnerables.
En resumen, este estudio aporta una visión detallada sobre cómo percibe la población urbana principal este ajuste económico crucial implementado por el gobierno. El significativo respaldo mayoritario indica una comprensión generalizada acerca del propósito detrás de eliminar subsidios considerados insostenibles desde una perspectiva fiscal. Al mismo tiempo, revela también desafíos pendientes relacionados con comunicar eficazmente los beneficios a largo plazo y gestionar las expectativas frente al impacto inmediato para distintos sectores sociales y económicos
