Una auditoría interna realizada en la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) de La Paz ha detectado un perjuicio económico que asciende a 15,1 millones de bolivianos, relacionado con la adquisición de 252 tuberías provenientes de China. Esta investigación fue ordenada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) tras las denuncias presentadas desde 2024 por el especialista en agua y saneamiento, José María Herbas.
Las tuberías en cuestión, con un diámetro de 60 centímetros, un espesor de 1,3 centímetros y una longitud de 12 metros, tenían como objetivo reemplazar las instalaciones provisionales que YPFB implementó en 2011 luego de un deslizamiento masivo que afectó a más de 1.200 familias en las zonas de Valle de Las Flores y Callapa. Estos conductos de alta presión son fundamentales para abastecer de agua a aproximadamente 300 mil habitantes distribuidos en 120 barrios del sur paceño. Según Herbas, la renovación de estas tuberías debería realizarse cada cinco años para garantizar la calidad del suministro.
No obstante, después de 14 años, las tuberías originales no fueron sustituidas y las nuevas adquiridas en 2021 permanecen almacenadas en un terreno de Epsas, debido a que no cuentan con la recepción oficial por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.
El informe de auditoría, fechado el 16 de septiembre, revela que el proceso de compra incumplió el Manual de Procedimientos de Contrataciones vigente, así como las cláusulas contractuales y requisitos técnicos establecidos. Como resultado, se identificó un daño económico estimado inicialmente en 6,25 millones de bolivianos, correspondiente a los pagos efectuados a la empresa proveedora “Sociedad Comercial La Llave S.A.”, con sede en Santa Cruz y representación peruana.
Este monto fue ajustado tras considerar una recuperación de 4,6 millones de bolivianos mediante la ejecución de garantías contractuales, destinadas a cubrir costos adicionales como la corrección de fallas en las tuberías, que carecían de un recubrimiento anticorrosivo indispensable para evitar contaminaciones. Sin embargo, persiste un saldo pendiente de pago a la misma empresa por más de 4,3 millones de bolivianos, elevando el total del perjuicio a más de 15 millones de bolivianos.
Epsas, que provee agua a siete municipios del departamento de La Paz y está bajo intervención gubernamental desde 2013, no brindó respuestas oficiales ante las consultas realizadas, ya sea por parte de su interventor actual o de otros responsables administrativos y sindicales.
El experto Herbas considera que la auditoría, aunque representa un avance, resulta insuficiente y simplificada, pues no aborda aspectos cruciales como posibles sobreprecios ni el direccionamiento del contrato hacia la empresa adjudicada. Además, señala que el informe no contempla comparativas con otras ofertas presentadas en la licitación ni analiza el incremento significativo en los costos propuestos por la firma peruana. Por ello, propone una revisión externa del estudio para esclarecer posibles encubrimientos y proteger a exfuncionarios implicados, solicitando la intervención directa de autoridades superiores.
Entre los señalados por la auditoría figuran 26 funcionarios, destacando a los exinterventores Gonzalo Iraízos y Jaime Gutiérrez, quienes habrían tenido responsabilidad en la contratación y en la omisión de informes sobre las deficiencias técnicas. También se menciona a gerentes, jefes y supervisores de distintos departamentos. Herbas sugiere que la investigación debería ampliarse para incluir a autoridades de fiscalización y a exministros vinculados a la gestión de Epsas.
El informe recomienda que la gerencia general instruya al departamento legal para que emita un pronunciamiento sobre las responsabilidades detectadas, incluyendo la tipificación de los posibles delitos y la presentación de acciones legales contra la empresa proveedora por incumplimiento contractual.
Este caso pone en evidencia problemas estructurales en la gestión del agua potable en la región, recordando que la intervención de Epsas en 2013 se justificó, entre otros motivos, por la falta de renovación de las tuberías instaladas tras la emergencia del deslizamiento de 2011, afectando a una amplia población urbana
