La persistente escasez de diésel continúa generando un impacto significativo en los pilares productivos del país, manteniendo en vilo a sectores clave como la agricultura y el transporte pesado. A pesar de las expectativas de una pronta normalización en el abastecimiento de combustibles, la realidad en las estaciones de servicio, marcada por largas filas, subraya un desafío profundo en la garantía del suministro. Esta situación ha intensificado el debate sobre la política de subvenciones, con voces crecientes que abogan por su revisión.
La Asociación de Surtidores ha reportado una situación crítica, señalando que la principal entidad estatal de hidrocarburos efectúa despachos con una frecuencia limitada, a menudo solo una o dos veces por semana, lo que cubre un porcentaje mínimo de la demanda nacional. Esta deficiencia golpea con particular dureza a las zonas rurales y a las actividades agropecuarias, obstaculizando labores esenciales de siembra, cosecha y transporte.
Este panorama de desabastecimiento no es un fenómeno reciente. Bolivia enfrenta una compleja crisis energética que tiene sus raíces en una declinante producción nacional de hidrocarburos, la escasez de divisas necesarias para financiar importaciones y el flujo constante de contrabando hacia naciones vecinas, donde los precios de los combustibles son considerablemente más elevados.
En respuesta a esta coyuntura, el Gobierno ha promulgado una normativa excepcional y transitoria, impulsada por iniciativas cívicas, con el objetivo de asegurar el abastecimiento de diésel y gasolina. Esta medida legislativa, de carácter paliativo y con una vigencia de noventa días, busca mitigar la escasez a través de tres pilares fundamentales: la simplificación de trámites burocráticos para la importación, estableciendo un plazo máximo de cuarenta y ocho horas para la emisión de licencias; la apertura a la participación del sector privado, permitiendo que tanto personas naturales como jurídicas importen y comercialicen combustibles; y la implementación de incentivos fiscales, eximiendo estas importaciones del Impuesto a las Transferencias y del Impuesto al Valor Agregado, lo que busca reducir los costos finales.
Analistas económicos han señalado que estas disposiciones ofrecen ventajas inmediatas al buscar expandir la oferta y disminuir la dependencia exclusiva del monopolio estatal, fomentando así una mayor competencia en el mercado.
No obstante, esta solución de emergencia no está exenta de riesgos inherentes. Expertos advierten sobre una posible distorsión del mercado, donde la coexistencia de combustibles subvencionados por la entidad estatal y otros comercializados a precio de mercado podría generar escenarios de especulación, acaparamiento y el surgimiento de mercados paralelos con precios diferenciados. Desde la presidencia se ha advertido que el costo del combustible importado por privados será inevitablemente más elevado, y se ha reconocido que la normativa no aborda las deficiencias operativas en la distribución. Adicionalmente, existe un riesgo fiscal, ya que la liberación impositiva sin mecanismos de control adecuados podría propiciar prácticas irregulares. La principal limitación, según el análisis, radica en la falta de sostenibilidad estructural, pues se trata de un paliativo temporal que no aborda las causas de fondo del problema, como la baja producción interna, las deficiencias logísticas y la limitada capacidad de refinación nacional.
En el ámbito presupuestario, funcionarios de la cartera económica han indicado que se han previsto los recursos para la importación de combustibles hasta el cierre del año, aunque su ejecución estará condicionada a la gestión de la nueva administración de la entidad estatal de hidrocarburos. Paralelamente, el debate sobre el esquema de subvenciones cobra nueva fuerza. Un líder regional ha manifestado su apoyo a la eliminación de los subsidios, argumentando que es la única vía para equiparar los precios con los de los países vecinos y corregir una política que considera mal aplicada. Si bien se reconoce que esta medida implicaría un incremento en el costo de diversos productos, se la considera necesaria para evitar un colapso económico, entendiendo los subsidios como herramientas temporales para crisis específicas, no como soluciones permanentes que distorsionan el funcionamiento de la economía.
La medida legislativa transitoria se presenta como una acción pragmática e indispensable para evitar una crisis mayor en el corto plazo. Su éxito dependerá de la capacidad para atraer a importadores privados y de una respuesta logística eficiente para garantizar que el combustible llegue a los puntos de mayor necesidad. Sin embargo, existe un consenso entre analistas, gremios y autoridades subnacionales: sin un plan integral que aborde las raíces del problema –que incluya inversiones en producción y refinación, una reingeniería logística profunda y una transición ordenada del esquema de subsidios–, el país continuará navegando en un escenario de incertidumbre, donde el diésel, vital para su economía productiva, seguirá siendo un recurso disputado y escaso
