La persistente escasez de diésel y gasolina continúa generando un impacto adverso que trasciende al sector del transporte, afectando de manera significativa a la población en general. Esta problemática, que se ha manifestado de forma ininterrumpida desde septiembre del año pasado, se aproxima a cumplir un año sin que se vislumbre una solución definitiva.
Representantes del gremio de volqueteros del sur han expresado su preocupación, señalando que la falta de combustible no solo perjudica sus operaciones, sino que repercute en toda la cadena productiva y de servicios.
En contraste con las afirmaciones oficiales, que reportaron un incremento en el cupo de combustible para la región de Tarija –con una asignación diaria de 200.000 litros de gasolina y una cantidad idéntica de diésel para las estaciones de servicio, además de un suministro adicional reciente de entre el 10 y el 20 por ciento–, el sector de transporte pesado sostiene que no se ha percibido un aumento real en el volumen de diésel disponible. Esta discrepancia se refleja, según ellos, en las prolongadas filas que persisten en los puntos de abastecimiento.
Paralelamente, las autoridades han intensificado los controles para combatir la especulación y el uso indebido del combustible. En operativos recientes, se identificaron decenas de vehículos que realizaban cargas diarias de entre 100 y 120 bolivianos, un patrón que no se justifica para un uso habitual. Como consecuencia, se procedió al bloqueo de las placas de estos vehículos, y sus propietarios deberán fundamentar la necesidad de tales consumos recurrentes.
Desde la perspectiva del sector de transporte, la eventual eliminación de la subvención a los combustibles en el país, sumada a los costos derivados de la intermediación y la carga impositiva actual, podría provocar un incremento desmedido en los precios, lo que a su vez podría desencadenar un escenario de hiperinflación.
La carencia de carburantes también incide directamente en el encarecimiento de los insumos necesarios para el transporte y otros sectores económicos. En el ámbito agrícola, por ejemplo, la dificultad para acceder a diésel ha generado un aumento en los costos de producción, repercutiendo finalmente en el precio de los productos para el consumidor final, lo que se considera un problema de gran seriedad.
Ante este panorama, se ha planteado la necesidad de suprimir la figura de los intermediarios en la adquisición de combustible, proponiendo que la empresa estatal petrolera realice las compras de manera directa. Asimismo, se sugiere una reducción en la carga impositiva. Bajo estas condiciones, se estima que el precio del diésel podría estabilizarse en un valor cercano a los 4,80 bolivianos por litro
