El expresidente Evo Morales ha lanzado duras críticas contra la administración de Luis Arce, señalando que se estaría implementando una estrategia de aislamiento dirigida específicamente al trópico de Cochabamba. Llegó incluso a establecer paralelismos con acciones atribuidas a figuras internacionales como el expresidente estadounidense Donald Trump y políticas del Estado de Israel en relación con Palestina.
Según Morales, esta política se manifiesta en el cierre de sucursales bancarias, la retirada de fiscales de la zona y la supuesta intención de privar a la población de servicios esenciales como atención médica, suministro eléctrico y agua potable.
Estas acusaciones surgen en un contexto donde seguidores del propio Morales mantienen cortes de ruta en la misma región, lo que ha generado interrupciones en el flujo de productos. A pesar de que los bloqueos impiden la circulación, el exmandatario atribuye la paralización de las exportaciones regionales a la ausencia de entidades financieras. Efectivamente, sucursales de instituciones financieras, particularmente del Banco Unión, entidad con participación estatal mayoritaria, han cesado operaciones en el trópico cochabambino. Esta situación se ve agravada por el aislamiento que generan los propios bloqueos viales. Los manifestantes que protagonizan estos cortes de ruta han expresado dos demandas principales: la renuncia del actual presidente, Luis Arce, y la habilitación de Evo Morales para participar como candidato en las próximas elecciones presidenciales previstas para agosto.
La tensión se extiende a otras áreas del país, como Llallagua, en Potosí, donde la situación ha sido descrita como crítica. Informes policiales dan cuenta de la presencia de explosivos, voladura de caminos y un clima de temor entre los habitantes. Pese a la gravedad de los reportes, Morales ha defendido el derecho a la protesta de los campesinos y ha minimizado incidentes específicos, como la destrucción de una ambulancia en Cochabamba. Sobre este último suceso, argumentó que el vehículo contenía personal policial y gases lacrimógenos, y que los manifestantes solo realizaron una revisión. Insistió en que las ambulancias siempre reciben prioridad de paso, lo cual contrasta con informes que señalan que el vehículo fue incendiado y su personal agredido. En Llallagua, específicamente durante la tarde del martes, grupos de campesinos involucrados en los bloqueos atacaron diversas oficinas públicas y saquearon las instalaciones del Comando Policial local. Los movilizados en este municipio, que abarca seis distritos urbanos y dos ayllus, actúan en respaldo a la causa del expresidente Morales.
Adicionalmente, Morales ha acusado al Ministerio Público de llevar a cabo una persecución selectiva en su contra, afirmando que, al mismo tiempo, se ignoran denuncias relacionadas con la protección del narcotráfico. Sin embargo, la Fiscalía ha admitido formalmente una querella por delitos de terrorismo e incitación a la violencia en su contra, vinculada directamente con los bloqueos que él promueve. A esto se suma una orden de aprehensión previa que pesa sobre él por una denuncia relacionada con trata de personas y estupro.
El expresidente ha justificado la movilización argumentando que responde a una situación de hambre. No obstante, se ha omitido el hecho de que las medidas de fuerza que él apoya están agravando la escasez. Mientras se defienden los cortes de ruta, los mercados en las ciudades están experimentando desabastecimiento y centros hospitalarios reportan dificultades para atender emergencias debido a la falta de insumos, una situación que fue destacada públicamente por el presidente Luis Arce.
En sus recientes intervenciones, Morales ha reiterado sus advertencias sobre una posible sublevación y una reacción del pueblo como respuesta a lo que él describe como una falta de democracia
