El expresidente Evo Morales emitió declaraciones contundentes en las que acusa al aeropuerto internacional Viru Viru, ubicado en Santa Cruz, de ser un epicentro del narcotráfico en Bolivia. Según sus afirmaciones, esta terminal aérea no solo sería un punto de salida masiva de drogas ilícitas hacia el exterior, sino también un lugar donde se registra la entrada y robo de sustancias controladas por parte de funcionarios aduaneros. Estas declaraciones surgen en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico es una preocupación constante para las autoridades nacionales y la sociedad boliviana.
Morales sostuvo que desde Viru Viru salen toneladas de cocaína y marihuana con destino a mercados internacionales fuera del país. A su vez, denunció que desde Estados Unidos se estaría ingresando marihuana a Bolivia a través de esta terminal aérea, pero que al llegar la droga, funcionarios de la Aduana se apropiarían ilegalmente de estas sustancias. Estas acusaciones fueron formuladas sin presentar pruebas concretas, pero reflejan una visión crítica hacia el manejo y control del aeropuerto y sus operaciones relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
La referencia a Estados Unidos como origen de envíos ilegales llamó la atención debido a que este país es reconocido por encabezar esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico. Morales cuestionó cómo un territorio que lidera esta lucha podría ser fuente de salida para drogas hacia Bolivia, poniendo en tela de juicio la efectividad y coherencia de las políticas antidrogas internacionales. Este señalamiento se vincula con recientes casos reportados en Viru Viru, como el hallazgo de cargamentos con marihuana y el ingreso irregular al país de 32 maletas sin revisión adecuada, situaciones que han generado preocupación sobre los controles y vigilancia en la terminal.
Además de sus críticas hacia el aeropuerto y los funcionarios aduaneros, Evo Morales dirigió fuertes cuestionamientos al actual presidente Rodrigo Paz, sugiriendo que su gestión podría estar facilitando o permitiendo el crecimiento del narcotráfico en Bolivia. Morales incluso insinuó que bajo este gobierno el país podría estar encaminándose a convertirse en un narco Estado, término utilizado para describir naciones donde el tráfico ilegal de drogas influye significativamente en la política y economía estatal. La comparación con Jaime Paz Zamora, exmandatario también mencionado por Morales, subraya una percepción negativa sobre la capacidad gubernamental para enfrentar eficazmente este problema.
Estas declaraciones se producen en medio de investigaciones y acciones legales relacionadas con casos detectados en Viru Viru, donde fiscales han citado a funcionarios vinculados al aeropuerto para esclarecer responsabilidades sobre la presencia y manejo irregular de drogas. La situación evidencia una problemática compleja que involucra no solo aspectos operativos del aeropuerto sino también posibles vínculos institucionales con redes ilícitas, lo cual afecta directamente la seguridad nacional y la imagen internacional del país.
La gravedad del señalamiento realizado por Morales pone nuevamente sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar los controles antidrogas en puntos neurálgicos como Viru Viru y garantizar transparencia en las operaciones aduaneras. La percepción pública sobre la integridad institucional puede verse comprometida si no se abordan con rigor las denuncias y se implementan medidas efectivas para impedir que esta terminal aérea continúe siendo utilizada como canal para el tráfico ilegal. Asimismo, los cuestionamientos dirigidos al actual gobierno plantean un desafío político importante respecto a cómo se gestionan las políticas contra el narcotráfico y qué impacto tienen estas acciones o inacciones sobre la estabilidad social y gobernabilidad del país.
En definitiva, las afirmaciones hechas por Evo Morales generan un debate crítico sobre la situación actual del narcotráfico en Bolivia y subrayan la importancia de fortalecer los mecanismos estatales para combatir este flagelo desde todos los frentes, incluyendo vigilancia aeroportuaria, control aduanero e investigaciones judiciales rigurosas. La población tiene interés directo en conocer cómo avanzan estos procesos para garantizar un entorno seguro y libre de actividades ilícitas que afectan no solo la salud pública sino también el desarrollo económico y social nacional
